En un comunicado, la Unión Industrial Argentina (UIA) informó que “se presentará como amicus curiae en las causas presentadas por la Confederación General del Trabajo y la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras Argentinos, en donde la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo suspendió la aplicación del capítulo laboral contenido en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

La UIA lo hará con la intención de expresar una opinión fundada respecto de la modernización de la legislación laboral ya que considera que dichos contenidos y sus propuestas se adaptan a las nuevas realidades del empleo, sobre todo para las pequeñas y medianas industrias”.

En este sentido, la entidad precisó que “las reformas planteadas configuran el camino correcto hacia la creación de empleo privado y la reducción de la litigiosidad, y sientan las bases para que, cuando se materialice una recuperación económica, las nuevas contrataciones sean más simples y sostenibles”; al tiempo que subrayó que “en la actualidad sólo 6 millones de personas tienen empleo formal en Argentina, lo que representa casi un 50% de trabajadores no registrados”.

Cabe recordar que “la UIA había presentado las propuestas de su Libro Blanco a todos los candidatos presidenciales durante la campaña electoral, entre las que se destacan la reducción de la litigiosidad que afecta principalmente a las pymes, la eliminación de multas por registro deficiente de la actividad laboral y la creación de incentivos para el empleo formal; el fomento del nuevo empleo a partir de la reducción de cargas laborales; la promoción de negociaciones colectivas dinámicas y los incentivos a la productividad; la actualización del régimen de multas para disminuir la judicialización de conflictos laborales; entre otras políticas que afectan las sustentabilidad de las empresas y la creación de puestos de trabajo”.

En línea con estos postulados, dentro de las iniciativas más relevantes propuestas en el mencionado Decreto la UIA destacó “la eliminación de multas por registro deficiente de la actividad laboral y la creación de incentivos para el empleo formal, con la consecuente disminución de la judicialización de los conflictos laborales; la promoción de negociaciones colectivas dinámicas y los incentivos a la productividad; la actualización del régimen de multas para disminuir la judicialización de conflictos laborales y la modificación en el sistema de cálculo de capitalización de intereses en los fallos laborales”.