La audiencia se dio ya que la defensa, a cargo de Georgina Alassia, presentó un recurso de apelación contra la resolución emitida por el juez de la IPP (Instrucción Penal Preparatoria). Los argumentos presentados por la defensa se centraron en tres puntos principales.

En primer lugar, argumentó que se había establecido un riesgo probatorio basado en cuestiones abstractas, sin evidencia concreta que respaldara dicha afirmación. Sostuvo que podrían haberse adoptado medidas menos restrictivas, como fijar un domicilio en una localidad diferente a la de las víctimas, como la ciudad de Rafaela. Además, enfatizó que la fiscalía no presentó pruebas concretas que respaldarán la alegación de entorpecimiento probatorio.

El segundo argumento se centró en el arraigo del imputado. La defensa argumentó que el imputado tenía lazos suficientes en la comunidad, incluyendo la presencia de su hija y su hermana en la sala de audiencia. Sin embargo, el juez de la IPP consideró que la posibilidad de enfrentar una pena firme podría motivar al imputado a fugarse. También señaló que el imputado tenía un empleo no registrado y carecía de un trabajo estable en relación de dependencia, lo que se utilizó como argumento para justificar la prisión preventiva. La defensa consideró que esta razón era insuficiente para imponer una medida cautelar.

El tercer punto presentado por la defensa se centró en la falta de peligrosidad procesal, argumentando que la prisión preventiva no era necesaria. Alassia, propuso la fijación de un domicilio en Bella Italia, la prohibición de acercarse a testigos y víctimas, así como la obligación de presentarse para firmar en OGJ (Oficina de Gestión Judicial). La defensa solicitó la revocación de la resolución de primera instancia y la liberación del imputado, argumentando que las medidas propuestas eran suficientes para garantizar el proceso legal.

Martín Castellano, el fiscal de la causa, a su turno, defendió firmemente la resolución emitida por el juez de primera instancia que dictaminó la prisión preventiva sin plazo alguno para el imputado. Argumentó en contra de los agravios presentados por la defensa del imputado y abogó por la confirmación de la medida cautelar.

En su argumentación, Castellano destacó que la asistencia técnica del imputado no cuestionó la materialidad de los hechos ni la acreditación de los cargos imputados, que incluyen el homicidio doloso simple. Además, subrayó que los riesgos procesales, que fueron previamente establecidos en la resolución del juez de primera instancia, justifican la prisión preventiva.

El Fiscal también se refirió a los alegatos de la defensa, en los que se cuestionó que el juez basara el riesgo probatorio en cuestiones abstractas. Argumentó que el potencial riesgo podría evitarse a través de medidas alternativas propuestas por la defensa. Sin embargo, Castellano defendió la posición del juez de la IPP, sosteniendo que este había proporcionado motivos suficientes para justificar la prisión preventiva.

Castellano argumentó que existía un peligro real de fuga debido a la magnitud de la pena en juego y el modo de cumplimiento de la misma. También señaló que el imputado carecía de una relación de dependencia laboral y no tenía un arraigo suficiente, ya que ambos padres del imputado habían fallecido.

El fiscal concluyó que la libertad del imputado podría influenciar a los testigos para que cambien su testimonio, lo que podría frustrar la investigación. Por lo tanto, afirmó que era necesario mantener la prisión preventiva para garantizar la tranquilidad y el desarrollo adecuado del proceso judicial.

La familia de la víctima, también cuenta con el asesoramiento del Dr. Carlos Farias Demaldé, como abogado querellante, quien expresó su acuerdo con los argumentos presentados por la fiscalía en la audiencia. En su intervención, coincidió con el Dr. Castellano en que la defensa no había cuestionado los cargos imputados.

En relación al primer agravio sobre el riesgo probatorio, Farias Demalde señaló que la distancia física no garantizaba que el imputado no pudiera influir en los numerosos testigos, ya que conocía lo que cada uno había manifestado. Además, hizo hincapié en el avance tecnológico y la presencia de redes sociales como medios que podrían utilizarse para entorpecer el proceso judicial.

Respecto al segundo agravio, relacionado con la pena en expectativa, el abogado querellante argumentó que se esperaba una pena de encierro efectivo en caso de condena.

Finalmente, en cuanto al tercer agravio, Farias Demalde destacó que la madre de la víctima, quien también actúa como parte querellante, reside en la ciudad de Rafaela. Respecto al arraigo y la relación con la hija del imputado, indicó que no existían vínculos cercanos y que el imputado había manifestado que se encontraba desocupado, realizando trabajos temporales.

En consecuencia, el abogado querellante solicitó la confirmación de la resolución emitida el 11 de julio de 2023, que establecía la prisión preventiva del imputado durante la duración del proceso judicial. Este argumento se suma a la posición de la fiscalía y respalda la continuidad de la medida cautelar.

Luego de escuchar a cada una de las partes, prestaron testimonios los familiares de la víctima_

La madre de la víctima, compartió sus preocupaciones sobre la seguridad de su familia y la presión constante que sienten debido a la proximidad del imputado a su hogar. Mencionó que otro de sus hijos trabaja en el lugar mencionado como posible domicilio del imputado y que su familia no puede vivir con temor constante.

El padre, por su parte expresó su profundo sufrimiento y su deseo de que el responsable pague por el crimen atroz cometido contra su hijo. Hizo hincapié en la crueldad del acto y en la pérdida irreparable que han sufrido como familia. Instó a que se haga justicia y que el imputado afronte las consecuencias de sus acciones.

Por último, se expresó su esposa: la misma compartió su angustia como madre de dos niños pequeños que han perdido a su padre. Describió cómo la vida de su familia se ha visto trastornada por la ausencia de su esposo, quien era el sostén de la familia y el amor de sus hijos. Su única solicitud fue que el imputado sea llevado ante la justicia y reciba el castigo que corresponde por su delito.

Estas emotivas declaraciones reflejan el profundo impacto que el crimen ha tenido en la familia de la víctima y su deseo de que se haga justicia en memoria de su ser querido.

El juez de la Causa, Dr.Matias Drivet, deberá decidir si el acusado del hecho continuará con prisión preventiva o recuperará la libertad, decisisión que se conocerá en los próximos días.