Los Tribunales de Rafaela fueron escenario de una nueva audiencia imputativa contra los hermanos Matías y Fernando Spaggiari, así como su madre, Mirta Condotto; quienes se encuentran acusados de encabezar una asociación ilícita que despojó de su dinero a cientos de ahorristas de Rafaela y la región.
El proceso estuvo dirigido por el Juez de IPP Gustavo Bumaguin, mientras que el Fiscal Guillermo Loyola actuó en representación del Ministerio Público de la Acusación y el Dr. José María Silvela ofició como defensor de los imputados. De la misma manera, estuvieron presentes abogados particulares en representación de la Querella.
En lo que fue una medida más bien técnica, el Fiscal amplió los hechos imputados a la familia Spaggiari, elevando a 179 las denuncias y a 408 los hechos de estafa presuntamente cometidos. Cuando el caso salió a la luz, el número de estafas se ubicada en 152.
La audiencia fue una “extensión” de la celebrada el pasado 28 de octubre, cuando los hermanos Spaggiari, su madre y otros empleados de la firma, fueron sentados en el banquillo de los acusados. En ese momento, las medidas más gravosas recayeron en los que, para el Fiscal Loyola, son los cabecillas de la organización: Matías, Fernando y su madre, a quienes se les dictó la Prisión Preventiva (a Condotto la medida fue de cumplimiento domiciliario).
Justamente esas medidas cautelares son las que están en discusión por estos días. La pasada semana, los señalados como organizadores de la asociación ilícita habían pedido que se dejen sin efecto, tanto el encierro preventivo como la inhibición que pesa sobre los bienes de cada uno: 234 millones de pesos más intereses en el caso de cada uno de los hermanos; y 33 millones de pesos más intereses en el caso del resto de los imputados.
El juez de Apelaciones en lo Penal, Sergio Alvira, es el que deberá resolver la situación procesal de los imputados y tomar uno de dos caminos: hacer lugar al planteo de la Defensa y conceder la libertad; o, por el contrario, ratificar lo actuado en primera instancia por el juez Gustavo Bumaguin, como pide el fiscal Guillermo Loyola.
El caso
Como se sabe, los Spaggiari están acusados de haber organizado una asociación ilícita para estafar a ahorristas privados con una modalidad denominada Esquema Ponzi, utilizando como pantalla las empresas Grupo Spaggiari SRL (inmobiliaria, constructora y desarrollos urbanísticos), GS Block SRL (dedicada a la fabricación de ladrillos ecológicos) y QS Open Aberturas SRL (fábrica de aberturas y cerramientos). Matías y Fernando Spaggiari aparecen señalados por los investigadores como jefes de una asociación ilícita que cometió estafas reiteradas, mientras que su madre y otra mujer, entre otros integrantes, aparecen como miembros de la asociación ilítica y también coautores de las estafas.
El grupo tomaba ahorros de particulares, mayormente en dólares, ofreciendo intereses que variaban según los años, pero eran notoriamente superiores a cualquier tasa que se pagara en plaza: 3% mensual en dólares y 5% mensual en pesos, a valores de los años 2020, 2021 y 2023. Hasta ahora se presentaron en la justicia penal unos 500 damnificados, muchos de los cuales tenían firmados 3, 4, 5 y hasta más de 10 contratos de mutuo dinerario cada uno, lo cual eleva los hechos investigados a más de dos millares, con una cifra estimada de créditos impagos por entre 3 y 5 millones de dólares por lo menos.
