Este jueves se conoció el resultado de lo que fue la audienca de apelación llevada a cabo este martes.

En la misma la abogada defensora, Georgina Allasia, en primer lugar, argumentó que se había establecido un riesgo probatorio basado en cuestiones abstractas, sin evidencia concreta que respaldara dicha afirmación. Sostuvo que podrían haberse adoptado medidas menos restrictivas, como fijar un domicilio en una localidad diferente a la de las víctimas, como la ciudad de Rafaela. Además, enfatizó que la fiscalía no presentó pruebas concretas que respaldarán la alegación de entorpecimiento probatorio.

El segundo argumento se centró en el arraigo del imputado. La defensa argumentó que el imputado tenía lazos suficientes en la comunidad, incluyendo la presencia de su hija y su hermana en la sala de audiencia. Sin embargo, el juez de la IPP consideró que la posibilidad de enfrentar una pena firme podría motivar al imputado a fugarse. También señaló que el imputado tenía un empleo no registrado y carecía de un trabajo estable en relación de dependencia, lo que se utilizó como argumento para justificar la prisión preventiva. La defensa consideró que esta razón era insuficiente para imponer una medida cautelar.

El tercer punto presentado por la defensa se centró en la falta de peligrosidad procesal, argumentando que la prisión preventiva no era necesaria. Alassia, propuso la fijación de un domicilio en Bella Italia, la prohibición de acercarse a testigos y víctimas, así como la obligación de presentarse para firmar en OGJ (Oficina de Gestión Judicial). La defensa solicitó la revocación de la resolución de primera instancia y la liberación del imputado, argumentando que las medidas propuestas eran suficientes para garantizar el proceso legal.

Por su parte, Martín Castellano, el fiscal de la causa, a su turno, defendió firmemente la resolución emitida por el juez de primera instancia que dictaminó la prisión preventiva sin plazo alguno para el imputado. Argumentó en contra de los agravios presentados por la defensa del imputado y abogó por la confirmación de la medida cautelar.

En su argumentación, Castellano destacó que la asistencia técnica del imputado no cuestionó la materialidad de los hechos ni la acreditación de los cargos imputados, que incluyen el homicidio doloso simple. Además, subrayó que los riesgos procesales, que fueron previamente establecidos en la resolución del juez de primera instancia, justifican la prisión preventiva.

El Fiscal también se refirió a los alegatos de la defensa, en los que se cuestionó que el juez basara el riesgo probatorio en cuestiones abstractas. Argumentó que el potencial riesgo podría evitarse a través de medidas alternativas propuestas por la defensa. Sin embargo, Castellano defendió la posición del juez de la IPP, sosteniendo que este había proporcionado motivos suficientes para justificar la prisión preventiva.

Castellano argumentó que existía un peligro real de fuga debido a la magnitud de la pena en juego y el modo de cumplimiento de la misma. También señaló que el imputado carecía de una relación de dependencia laboral y no tenía un arraigo suficiente, ya que ambos padres del imputado habían fallecido.

El fiscal concluyó que la libertad del imputado podría influenciar a los testigos para que cambien su testimonio, lo que podría frustrar la investigación. Por lo tanto, afirmó que era necesario mantener la prisión preventiva para garantizar la tranquilidad y el desarrollo adecuado del proceso judicial.

La familia de la víctima, también cuenta con el asesoramiento del Dr. Carlos Farias Demaldé, como abogado querellante, quien expresó su acuerdo con los argumentos presentados por la fiscalía en la audiencia. En su intervención, coincidió con el Dr. Castellano en que la defensa no había cuestionado los cargos imputados.

El Juez de la causa, Dr. Matias Drivet escuchó a cada una de las partes, incluyendo a los familiares, y este jueves dio a conocer su veredicto, en el cual expresó, no hacer lugar a los planteos de la defensa y, por ende, confirmar lo dictado por el Dr. Carlos Javier Bottero por el que se resolviera disponer la prisión preventiva de Miguel Ángel S.