Dos sujetos que se hallan imputados por un hecho ocurrido el pasado 29 de febrero en el barrio italia deberán cumplir con prisión preventiva por 90 días, luego que así lo resolviera el juez Javier Bottero, en el marco de una audiencia de medidas cautelares que se llevó adelante a primera hora de la tarde de este lunes en los Tribunales de Rafaela.

La medida fue adoptada a instancias de la fiscal Lorena Korakis, quien lleva la investigación del caso en el que se encuentran imputados Eduardo Molina, apodado El Chancho; y Juan Nicolás Mogica. Según la atribución de los hechos efectuada por Korakis, en la tarde de ese día los sujetos se presentaron en un domicilio de Jaime Ferré al 1.400 en un Chevrolet Aveo de color gris. Provistos de un arma de puño, los sujetos ingresaron por la fuerza al domicilio, donde hay una casa en la parte delantera y otra en la parte posterior. Buscaban al jefe de hogar de la familia que vive en la parte delantera, pero sólo encontraron a una niña de 10 años, a quien le preguntaron por su padre, un hombre al que se conoce por su apodo de "Castillo".

La niña corrió a buscar a su abuela, que vive en la parte trasera del domicilio, y ésta también fue interrogada por el tal Castillo, que es su yerno. Molina -que ya en otras oportunidades había intentado "dialogar" con el dueño de casa- mantiene un conflicto o un reclamo con Castillo por la propiedad de la vivienda. Luego de dejarle un "aviso" a la suegra sobre el tema, los dos imputados se fueron de la casa llevándose un celular.

La situación fue reportada por vecinos al 911 -la fiscal Korakis hizo escuchar el llamado de una vecina que denunció anónimamente lo que sucedía e identificó a los responsables del hecho- y tanto Mogica como Molina fueron detenidos en una casa del barrio Virgen del Rosario, adonde habían ido con el auto. En esa casa vive Mogica con sus padres: el progenitor no dudó en entregar el celular robado y autorizar la requisa del domicilio, dado que no quería problemas con la justicia.

Luego de la descripción de los hechos y de la calificación legal aplicada por la fiscal (amenazas calificadas, robo calificado por uso de arma de fuego y coacción agravada), los abogados defensores -uno privado y otra del sistema público de la defensa penal- cuestionaron la calificación jurídica con distintos argumentos, negando que hubiera existido la "coacción" invocada por la fiscalía, así como robo calificado. En resumen, las defensas plantearon que la visita no fue una "apretada" con arma de fuego, sino una charla relacionada con la urgencia del tema que movía a Molina a reclamar la presencia de Castillo. Para el juez -que descartó la figura del robo calificado que había propuesto la fiscal para la sustracción del teléfono- "nadie va con un arma de fuego a una charla amigable con una niña de 10 años y su abuela de 71 años". El magistrado consideró que no es necesario que se apunte con un arma a alguien para amenazarlo: con exhibirla y generarle temor, alcanza y sobra.

Además, los imputados hablaron también en el transcurso de la audiencia: los dos negaron haber ido con armas de fuego. El "Chancho" Molina dijo que "en la casa hay dos perros rottweiler, si hubiera forzado la puerta esos animales hubieran reaccionado". Y Mogica recordó que "tengo una hermana de once años, jamás amenazaría a una niña con un arma", aunque reconoció que "me llevé el teléfono que había quedado en la vereda". Tanto Molina como Mogica han cumplido condenas, e incluso éste último había sido sentenciado a una pena de 3 años y algunos meses por el mismo juez Bottero que interviene en este caso.

En definitiva, el magistrado hizo lugar al pedido de prisión preventiva y le puso plazo de 90 días, mientras avanza la investigación.