Tras una audiencia en los Tribunales de Rafaela que se extendió por más de dos horas, el Juez Gustavo Bumaguin dictó la prisión preventiva sin plazos para los dos únicos detenidos hasta el momento por la balacera registrada el pasado domingo en el Asentamiento Demarchi y que dejo como saldo, cuatro personas heridas, dos de las cuales todavía permanecen internadas, según pudo recoger Rafaela Noticias de manera exclusiva.
El encargado de presentar la acusación contra C.V. y D.P. (hay un tercer sospechoso -R.V.- que está prófugo) fue el fiscal de homicidios Martín Castellano, quien calificó el ataque armado como “irracional y desmedido”, en el marco de un largo enfrentamiento entre dos familias que residen, una en el asentamiento y otra en barrio Barranquitas. Los relatos de víctimas y testigos, junto con la evidencia objetiva aportada por Castellano, permitieron reconstruir parte de lo ocurrido esa tarde, en la zona norte de Rafaela.
A las 14:47 del domingo 7 de marzo pasado, una cámara del Centro de Monitoreo Urbano ubicada en Avda. G. Maggi, captó a un hombre dirigirse desde la zona de Tucumán y Pje. Entre Ríos hacía las vías que separan el Barranquitas del asentamiento, empuñando lo que parecía una escopeta; adopta una posición de tiro, y luego regresa por donde vino. Minutos después, al menos 13 llamados al Sistema de Emergencias 911 alertaron a la policía de varios disparos de escopeta y personas heridas en inmediaciones de Carlos Gardel al 700.
Tal como publicara Rafaela Noticias y fuera reafirmado este jueves, cuatro personas resultaron heridas por impactos de perdigones. Dos de ellas incluso todavía permanecen internadas en el Hospital Doctor Jaime Ferré.
Las pesquisas practicadas en el lugar de los hechos permitieron secuestrar al menos 5 cartuchos de escopeta y un número similar de tacos, que fueron determinantes a la hora de establecer que el ataque se produjo con escopetas, las cuales pese a 11 allanamientos, no pudieron ser encontradas.
Las pruebas que conforman el voluminoso expediente le permitieron a Castellano sostener (con el grado de probabilidad que se maneja en este tipo de audiencias), que tanto C.V. y D.P., como su cómplice prófugo, fueron los autores de los disparos, endilgándoles los delitos de abuso y portación de arma.
De sostenerse esa acusación, el primero recibiría en un eventual juicio, una pena de entre 1 y 7 años de cárcel; en tanto que a su consorte de causa podría caberle una pena de 4 a 14 años de prisión, dado que pesan sobre él dos condenas anteriores, dictadas en 2014 y 2019, por delitos también cometidos con armas de fuego.
¿Hubo disparos desde el Asentamiento?
Así lo reveló la defensora de los imputados, la Dra. Amalia Cassina al momento de tomar la palabra. Incluso, la letrada aportó imágenes de la misma cámara del Ce.M.U. que utilizó Castellano durante la acusación, en la que se apreciaba a un grupo de personas saliendo desde el asentamiento con lo que parecían armas largas. Aunque la distancia a la que estaban las personas de la cámara hacía que las imágenes no sean claras (pasó lo mismo con el tirador de la primera secuencia, al que tampoco pudo identificarse fehacientemente).
El objetivo de Cassina era lograr la libertad de sus representados, circunscribiendo el enfrentamiento a una especie de “acto de defensa” contra las agresiones de la familia oponente. Incluso, Cassina cuestionó el relato de varios testigos y de las propias victimas, por ser miembros de la familia enemistada con los acusados.
Para la abogada hubo, en esos testimonios, inconsistencias que no permitían determinar con exactitud quienes fueron los autores de los disparos. Algunos señalaban a C.V., otros a D.P. disparando desde un techo, también declaraciones ubicaban sólo al prófugo como el tirador. Las declaraciones de la pareja de uno de ellos sembró más dudas, al sostener que, al momento de las detonaciones, D.P. se encontraba en la casa con ella.
Sin embargo, la estrategia de la defensa no hizo mella en Bumaguin, quien al momento de valorar todo el material presentado en la extensa audiencia, dio por acreditada la postura fiscal, endilgándoles la comisión del delito a los dos que ocupaban el banquillo de los acusados.a, resta profundizar la investigación sobre lo ocurrido, sabiendo que los dos detenidos deberán esperar tras las rejas, la realización del juicio en su contra (que podría demorarse hasta dos años).
