Es preciso realizar algunas aclaraciones, a los fines de aportar información certera respecto al hecho. Si bien son 8 empleados policiales los que fueron imputados, 7 de ellos fueron imputados en el hecho que quedó caratulado como torturas en carácter de coautores; en relación al otro efectivo policial, el hecho que se le imputó fue determinado como encubrimiento agravado en calidad de autor. 

En este marco, en lo que refiere a la defensa, cinco de los efectivos policiales imputados son representados por Aníbal Caula; el abogado Alejandro Leguizamón defiende a dos empleados policiales; y un efectivo policial es defendido por Raúl Domenella y su codefensor es el abogado Pablo Mosconi. 

Las imputaciones fueron realizadas en ocho audiencias llevadas a cabo en la mañana de hoy en la ciudad de Rafaela. Las fiscales que investigan los hechos son Gabriela Lema y Lorena Korakis. El Fiscal Regional, Diego Vigo, estuvo presente en los tribunales rafaelinos y sostuvo que “la tortura es un ilícito que deslegitima al Estado y tenemos el deber de investigarlo”.

Los imputados como coautores del delito de torturas son la subinspectora Silvana S. de 42 años; el subcomisario Fabricio Hernán M. de 38 años; el oficial Juan Aurelio C. de 31 años; y cuatro suboficiales: Carlos Agustín M. de 21 años; Brian Emanuel G. de 25; Mauricio Leonardo O. de 30 y María Itatí A. de 38. Por su parte, el encubrimiento agravado fue atribuido al comisario Luciano Martín G. de 36 años.

En primer lugar, la fiscalía hizo referencia al hecho. Expresó que el pasado 18 de octubre de 2019, aproximadamente entre las 5:10 y 6 hs de la mañana, cuando siete empleados policiales, con poder de hecho y actuando de común acuerdo en forma conjunta y mediante el reparto de tareas, impusieron tormentos físicos y sufrimientos psíquicos de gravedad suficiente a dos hermanos que se hallaban legítimamente privadas de su libertad en Comisaría Tercera de Sunchales, ubicada en calle Belgrano 386.

Expresaron que las víctimas de la tortura habían sido detenidos a las 4:30 hs de la misma fecha, en el lugar, fueron trasladados a la cocina comedor de la Comisaría en cuestión. Allí, fueron obligados a arrodillarse, uno de ellos fue maniatado con precintos y el otro esposado y luego los golpearon en distintas partes del cuerpo. 

Desde fiscalía, aportaron que, a uno de los sujetos, le bajaron el pantalón y lo amenazaron con abusarlo sexualmente; hicieron mención de las distintas maneras en que ejercieron violencia hacia ellos, comentando que, además de propinar golpes de puño y patadas, golpearon a uno de ellos con un palo, hasta que cayó al piso y comenzó a toser. A esto se suma el constante insulto verbal, ejercido por distintos empleados policiales.  

Indicaron que, en un momento, obligaron a uno de los sujetos a dirigirse a una pieza contigua a la cocina comedor, separada de un divisorio de madera, mientras el hermano permanecía donde los habían llevado inicialmente. En ese momento, le colocaron una bolsa de nylon en la cabeza al sujeto que se encontraba en la pieza contigua, hasta que lo dejaron sin aire y el mismo comenzó a patear, golpeando una de las paredes del lugar. Asimismo, le ajustaron los precintos, a punto tal que la víctima les manifestaba que no sentía los dedos. Así, el hermano que se encontraba en la cocina comedor, tras escuchar lo que los efectivos policiales hacían con su hermano, comenzó a pedirles que dejaran de hacerlo. En palabras de fiscalía, en estado de desesperación, el sujeto que se encontraba en la cocina comedor comenzó a forcejear con el personal policial, hasta que uno de los efectivos lo golpea fuertemente con el puño cerrado en la parte posterior de la cabeza, arrojándolo en dirección a un ventanal, al cual el sujeto atravesó sin poder atajarse por encontrarse esposado, provocando una herida grave en el cuello y también otras heridas en los brazos, poniendo en riesgo la vida del hombre. 

La fiscalía señaló que, ante esta situación, los policías huyeron de la situación. “Aproximadamente 15 minutos después, el comisario imputado llegó al lugar. Tomó conocimiento de los tormentos infligidos a los dos detenidos, insultó a uno de ellos y con el fin de procurar la impunidad de los delitos cometidos e incumpliendo los deberes a su cargo, no comunicó debidamente a la autoridad competente lo sucedido” remarcaron las fiscales. “Además, ordenó al personal que limpiara el lugar y sacara los vidrios del ventanal roto. Sus subordinados realizaron lo indicado, razón por la cual, alteraron la escena del hecho e hicieron desaparecer los rastros del delito cometido”, concluyeron.

Luego de la audiencia, Vigo, Korakis y Lema brindaron una conferencia de prensa en la sede de la Fiscalía Regional en Rafaela.

 “La tortura es un ilícito que deslegitima al Estado”, sostuvo Vigo. “Es deber funcional, legal y constitucional del MPA perseguir este aberrante delito que establece penas muy graves y que merece un abordaje muy claro y muy firme en la investigación”, afirmó.

El Fiscal Regional también dijo estar “totalmente de acuerdo con el vecino que reclama seguridad y que no quiere que haya impunidad”, no obstante, advirtió que “somos una República y no podemos permitir que cualquier circunstancia delictiva justifique que una persona salga de una comisaría en ambulancia y al borde de la muerte”.

En relación a las investigaciones en las que los jóvenes torturados son imputados por la autoría de distintos delitos, Vigo aclaró que “son investigaciones que siguen su curso y que, de ninguna manera, se excluyen con esta de lo que ocurrió en la sede de la comisaría. Es decir, tenemos dos investigaciones paralelas en las que los fiscales siguen trabajando”.

Destacaron la labor del personal de salud del hospital Jaime Ferré que salvaron milagrosamente la vida del sujeto que ingresó presentando heridas punzocortantes de extrema gravedad. Informaron que actualmente continua en grave estado de salud. 

De acuerdo a lo resuelto esta mañana, las medidas cautelares para los ocho imputados serán debatidas en una audiencia a realizarse el próximo lunes a partir de las 7:30 hs. Las fiscales Lema y Korakis adelantaron que solicitarán la prisión preventiva de los ocho policías.