En la mañana de este viernes, en los Tribunales de Rafaela, se llevó a cabo una audiencia de revisión de la prisión preventiva que se le impuso hace 30 días a Martín Hugo C., el chatarrero al que detuvieron cuando un allanamiento en el establecimiento que regenteaba en el norte de la ciudad secuestró más de 7 millones de pesos y metales cuyo origen lícito no pudo establecerse.
Su arresto había sido anunciado con bombos y platillos, y se dio en medio de una ola delictiva que golpeaba fuerte a la ciudad, justamente en lo que se refiere al robo de cables, que acababan en el circuito clandestino de la compra-venta de metales.
En la audiencia, presidida por el Juez de I.P.P. Gustavo Bumaguin se le concedió la libertad bajo reglas de conducta. Aunque apareció un dato que generó controversia: el abogado defensor Sergio Fregona, sostuvo que la libertad de su pupilo llegó por un acuerdo al que habían arribado con el propio Intendente para que desalojen el predio que ocupaban. Sin embargo, esto fue desmentido por el propio municipio, que tachó de falsa la información, ante la consulta de Rafaela Noticias, que fue además el único medio presente.
En el plano de lo concreto, el imputado, que siguió la audiencia a través de videoconferencia desde la Alcaidía de Santa Fe donde se encontraba detenido, tiene un plazo máximo de 60 días para desalojar el terreno que ocupaba. Además, se le impuso la prohibición de ejercer la actividad que venía realizando (de manera clandestina), a menos que obtenga la habilitación correspondiente.
Un futuro incierto
Tras la lectura del acuerdo que le otorgó su libertad, el imputado hizo uso de la palabra, donde sostuvo que su única fuente de ingresos era el comercio de chatarra (en la audiencia imputativa se había dicho que ganaba unos 500 mil pesos por mes). “Ahora no voy a poder seguir trabajando. Ojalá la Municipalidad me de permiso para trabajar en otro lado” se lo escuchó decir ante Bumaguin.
El caso
Cabe recordar que Martín C. había sido detenido el 21 de febrero pasado, en un allanamiento que se realizó en una chacarita clandestina (no contaba con autorización municipal para ejercer la actividad) ubicada en J. V. González, en la zona noreste de Rafaela.
Al acusado, que vivía allí con su esposa en terrenos fiscales, le encontraron piezas de grifería, cables, picaportes y demás elementos de bronce como ser lápidas conmemorativas de cementerio; todo en bolsas arpilleras, además de 7.640.000 pesos. Materiales que según la parte acusatoria representada por el fiscal Dr. Juan Manuel Puig, tenían una "procedencia ilícita", algo que el acusado sabía, utilizándolos con "fines lucrativos", es decir, compraba lo robado sabiendo su origen para luego venderlo. Por lo que el delito imputado a Martín Hugo C. fue el de "Encubrimiento agravado con ánimo de lucro y de habitualidad en carácter de autor" que tiene una pena en expectativa que va de uno a seis años de prisión.
Argumento del fiscal: sabía que recibía elementos robados
Ese sábado 24 de febrero, la crónica que realizó Rafaela Noticias reveló que el Fiscal en su argumento para pedir la prisión preventiva del acusado, se basó en el testimonio de dos empleados municipales de Electrotecnia que reconocieron que los cables hallados en la chacarita pertenecían al alumbrado público. Además se refirió a que los demás elementos como picaportes o lápidas conmemorativas de cementerio también son objetos que claramente provienen del robo. El Dr. Puig no desaprovechó la oportunidad para citar como antecedente judicial a la resolución de la Dra. Cristina Fortunato, que también por ese entonces había dejado en prisión preventiva a otro chatarrero. Y destacó la gravedad del robo de cables y de metales dada la expansión de este delito en Rafaela y el gran perjuicio causado a las víctimas, lo que haría que luego en un juicio la pena para el acusado pueda ser de cumplimiento efectivo y no condicional. Y si bien a Martín Hugo C. no se lo acusaba de ser el que robaba, el fiscal aseguró que sin este tipo de lugares que compran lo robado, el delito no existirìa. "No hay dudas de su responsabilidad", señaló.
En toda la audiencia sobrevoló el tema del dinero encontrado al chatarrero: más de siete millones y medio de pesos, que para el fiscal se trata de "un monto exagerado con respecto al valor que tienen los materiales" que se vendían, y demasiado "ahorro" para los 500 mil pesos que declaró el acusado ganar por mes por vender chatarra. Por lo que el Fiscal deslizó que esta situación podría devenir más adelante en otra investigación por lavado de activos provenientes de actividades ilícitas.
Finalmente, en su argumentación, el Dr. Puig señaló que el acusado no tiene domicilio fijo, ya que vive en un terreno fiscal, como tampoco trabajo seguro dado que el que venía realizando era ilícito; constituyendo todo lo anterior en una falta de arraigo y peligro de fuga.
Argumento de la defensa: un trabajo para sobrevivir
La defensa de Martìn Hugo C. estuvo representada por el Dr. Sergio Fregona, cuya estrategia se basó en mostrar a la actividad del imputado como "frecuente en Rafaela y en la Argentina" en un grupo de personas que viven del cirujeo para tratar de "llenar la olla", algo que no se podría considerar delito. También Fregona cuestionó la prueba de la Fiscalìa, señalando que se trataba solamente de "cuatro fotos y dos testimonios", poniendo en duda la expertis de los empleados municipales para reconocer los cables.
"Es una actividad de intermediación entre cirujas, que le traen mercadería - a su defendido- y que la buscan en los rellenos sanitarios", justificó la Defensa el origen de lo que había en la chacarita. Y si bien reconoció que el lugar no estaba habilitado, expresó que eso se trata de una falta municipal, pero no de un delito. Y agregó que la esposa del acusado está inscripta en la Afip, por lo que la venta de los materiales se realizaba de manera legal a una empresa de Paraná principalmente.
Para la Defensa, la Fiscalía quería "dibujar un delito que no existe". También descartó la posibilidad de fuga del acusado, dado tiene su familia en Rafaela y no cuenta con medios para hacerlo. Respecto a la plata encontrada en la chacarita, aseguró que era producto de ventas de metales, mostrando diferentes tickets.
El acusado, a la hora de declarar fue en la misma línea que la Defensa. Sollozando, dijo que la venta de metales era su trabajo, al que catalogó como "duro", y que los elementos acopiados eran desechos que traía la gente al predio donde vivía él, llegando a juntar hasta 600 o 700 toneladas. Manifestó que hacía un trabajo honesto y sin ocultamientos.
Para el juez, el acusado tenía que saber que eran robados
Para el Dr. Bumaguìn el acusado "tenía que saber que esos desechos - que recibía- eran producto de ilícitos", es decir, robados. Ya que no es común encontrar picaportes, cables del municipio o placas conmemorativas de lápidas en la vía pública. "Uno no va por la calle tropezándose con estos elementos", señaló el Juez. Además, al ser un lugar no habilitado como chatarrería, Bumaguin dijo que escapaba a los controles legales. También, como lo hizo el Fiscal, el Juez hizo hincapié la gravedad del delito, por la cantidad de víctimas indirectas afectadas y por la importancia de los elementos robados. Y subrayó que la pena en un futuro juicio podría ser de ejecución efectiva.
