El anuncio del gobierno nacional, en el sentido de “terminar con el congelamiento en las tarifas” que regía hasta ahora en el transporte público de pasajeros en los principales distritos del país, y confirmó que de esta manera se reducirán los subsidios a las empresas del sector. Además, la disposición oficial “elimina el Fondo Compensador del Interior” que amortiguaba el precio de los boletos de colectivos. Las medidas nacionales, conocidas a pocas horas de que el presidente MIlei calificara a algunos gobernadores como “traidores” y a diputados representantes de partidos de la oposición como “delincuentes”, tras la caída de la Ley Ómnibus, fue interpretada como una venganza política. “Los voy a fundir”, había advertido a los gobernadores el presidente Milei cuando la ley estaba en pleno debate, en unas palabras dichas en reuniones pero que nunca fueron desmentidas.
La quita inmediata de los recursos que se enviaban a las provincias generó un enorme impacto en el interior del país, y también en la provincia de Santa Fe, donde el gobernador Maximiliano Pullaro denunció que “otra vez nos dejan solos”, al reflejar el golpe que significará para los santafesinos –especialmente en las ciudades que cuentan con transporte público urbano- la quita de subsidios. Ya en Santa Fe capital hay un grave conflicto en marcha, con paros en el servicio.
Rafaela no quedará exenta del “tsunami” que se viene sobre el transporte público del interior. La pregunta del millón es de cuánto será el impacto de la motosierra sobre el presupuesto del municipio para este fin. Hasta el cierre de la gestión Castellano resultaron totalmente infructuosos los intentos por obtener precisiones sobre cuestiones tan sencillas y generales como saber cuántos boletos se cortan diariamente en Rafaela, cuáles eran las fuentes de recursos para sostener el sistema, qué montos de subsidios llegaban desde Nación mensualmente y cuál es el costo operativo de poner los minibuses en la calle. Con el cambio en la administración del Ejecutivo local y los cimbronazos de las transiciones provincial y nacional, ahora el dato no lo conocen ni siquiera los funcionarios a cargo, que todavía están repasando números, proyecciones y documentación.
De acuerdo a la ordenanza de presupuesto votada en la última sesión del 2024, el Ejecutivo preveía para el 2024 un desembolso total de 1.462 millones de pesos y fracción para solventar el servicio de minibuses. De ese total, más de la mitad se proyectó para pagar sueldos: 768 millones. Otros 324,5 millones de pesos eran para “bienes de consumo”, es decir, combustibles, neumáticos y otros insumos; 156 millones para “servicios no personales”y 202 millones de pesos para “bienes de capital”. Un remanente de 10 millones se pensaban destinar para trabajos relacionados con las paradas y otras cuestiones menores.
Sin embargo, ya el aumento sideral del precio de los combustibles, que llevó el litro de gasoil a más del 50% de lo que costaba cuando se hicieron los números del presupuesto en sólo un mes; más la incertidumbre que pesa sobre el ritmo de la inflación, hacen suponer que los 1.462 millones de pesos calculados quedarán muy cortos.
Con un volumen de costos que podría rondar los 200 millones de pesos mensuales, con un panorama negro en cuanto a cualquier tipo de subsidios nacionales, poner en la calle a los minibuses podría hacer que el boleto se torne inaccesible para quienes usan habitualmente el servicio.
El cìrculo vicioso
La amenaza de un círculo vicioso es la mayor acechanza sobre el futuro inmediato del servicio. A falta de subsidios y mayor carga financiera sobre el municipio, menos posibilidades de mejorar un servicio que ya es deficiente, por el diseño extendido de las líneas, el incumplimiento de horarios y las frecuencias escasas, por citar sólo tres de los mayores problemas del servicio. A peor servicio, menos usuarios. A menor cantidad de pasajeros, menos ingresos, más descapitalización y, otra vez, peor servicio.
Si el municipio se declara atado de pies y manos para intentar cualquier sostenimiento financiero del servicio, la prestación de los minibuses en Rafaela puede tener corta vida. Es una realidad que el propio Leonardo Viotti no negó nunca: desde que asumió, en privado y en declaraciones públicas ha dejado abierta la posibilidad de abrir una ronda de diálogo con instituciones y con la oposición para plantear si realmente se puede o no seguir prestando el servicio. Parece claro que entre sostener la recolección de residuos, el barrido y la limpieza, el transporte público podría perder en el orden de prioridades.
Para los que se hacen ilusiones con la privatización del servicio, basta señalar lo que está pasando en Santa Fe capital. Y recordar lo que pasó con la experiencia privatizadora de fines de los ’80 y durante la década del ’90 aquí en Rafaela: al final, el Estado tuvo que ir al rescate de un servicio que había dejado de existir.
Intendentes en pie de guerra
Mientras tanto, intendentes de las principales ciudades del país manifestaron su "extrema preocupación" ante el anuncio del Ministerio de Economía de eliminar del Fondo Compensador al transporte público, y advirtieron que la medida afecta "de forma directa a la productividad" y "dejaría sin transporte a millones de argentinos".
En el documento compartido en la red social X por el intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Javkin, los alcaldes afirmaron que no se trata de una medida "contra los intendentes" sino "contra los millones de estudiantes, enfermeros, trabajadores que diariamente utilizan el transporte público para movilizarse".
"Una determinación semejante afecta de forma directa a la productividad del país. De confirmarse a través de una resolución lo expresado ante la prensa, esta medida implicaría dejar sin transporte a todo el interior del país", vaticinaron.
Además remarcaron que con esta medida "se sostiene la inequidad con el AMBA, ya que la eliminación solo está planteada para el interior".
Los intendentes consideraron que si bien "un esquema posible es el subsidio directo a los pasajeros y no a las empresas", la disposición "debe ser estudiada en profundidad para establecer el universo de quién es sujeto pasible de recibir dicho subsidio".
"Hacerlo de manera improvisada, puede implicar dejar sin transporte público a millones de argentinos del interior", insistieron los mandatarios y sostuvieron que evaluarán "todas las medidas políticas y judiciales para garantizar las partidas ya asignadas por el presupuesto nacional".
"A su vez, nos autoconvocaremos en los próximos días para solicitar en conjunto la revisión de la misma. Convocamos a los legisladores nacionales de cada una de las provincias para dicha instancia", completaron.
El documento fue suscripto por los intendentes Daniel Passerini (Córdoba), Jorge Jofre (Formosa), Pablo Javkin (Rosario), Juán Manuel Llamosas (Río Cuarto), Juán Pablo Poletti (Santa Fe), Guillermo Montenegro (Mar del Plata), Roy Nikisch (Resistencia), Emiliano Durand (Salta) Rosario Romero (Paraná), y Raúl Jorge (San Salvador De Jujuy).
También firmaron los intendentes Marcos Ferrer (Río Tercero), Javier Martínez (Pergamino), Santiago Passaglia (San Nicolás), Ulpiano Suarez (Mendoza), Pablo Petrecca (Junín), Eduardo Accastello (Villa Maria), Damián Bernarte (San Francisco), Eduardo Tassano (Corrientes), Carlos Saloniti (San Martín de Los Andes), Luis Bertolini (Plottier), Mariano Gaido (Neuquén) y Marcos Castro (Viedma).
El intendente de la ciudad de Córdoba reforzó el mensaje desde su cuenta de X donde expuso: "No podemos permitir que se perjudique a millones de vecinos".
