El Concejo Municipal aprobó por unanimidad, en la sesión de este jueves, un pedido de informes de Lisandro Mársico a través del cual se le solicitó al Departamento Ejecutivo que responda “si se han realizado gestiones para llevar a cabo la reubicación del asentamiento existente sobre los terrenos linderos a la traza del Ferrocarril Belgrano Ramal CC4 - Tramo: San Francisco - Rafaela, el cual se ubica en las Concesiones Nº 372, 387 y 388, según el compromiso que asumiera la Municipalidad de Rafaela en el Convenio Urbanístico que obra como Anexo A de la Ordenanza Nº 4886”.

También la consulta al Ejecutivo está orientada a conocer “si se han presentado proyectos con posibilidades de financiamiento ante organismos estatales de los diferentes niveles u cualquier otro tipo de entidad”.

Hasta allí los términos formales del proyecto. En realidad, Mársico y el resto de los ediles apuntan a otro objetivo: que se agilicen las gestiones para sacar ese asentamiento del lugar. ¿Por qué? Aunque “nominalmente” los concejales se declaran preocupados por las condiciones de vida de las familias radicadas allí –están ocupando terrenos fiscales pertenecientes a la traza de las vías muertas del FFCC Belgrano-, hay un negocio inmobiliario millonario condicionado por la presencia del asentamiento.

Convenio no cumplido

Según recordó Mársico en los fundamentos del pedido de informes, la “ordenanza 4486, sancionada en fecha 14 de julio de 2017, posee como Anexo A, un Convenio Urbanístico celebrado entre la Municipalidad de Rafaela, la Universidad Nacional de Rafaela y propietarios de campos linderos al asentamiento de referencia. La Cláusula Cuarta hace mención al compromiso del Municipio rafaelino de iniciar las gestiones de reubicación del asentamiento ilegal existente sobre los terrenos descriptos ut-supra, generando el respectivo proyecto y posibilidades de financiamiento”.

A partir del 14 de julio de 2017, se incorporó a la zona urbana (Etapa Nº l ), las concesiones 372, 387, 388 y 404, por lo que a partir de esa fecha los propietarios de esas concesiones comenzaron a tramitar los requisitos para comenzar con el desarrollo urbano. Actualmente cuentan con factibilidad de servicio de la EPE, factibilidad de servicio de ASSA sujeta a la habilitación del Acueducto, estando finalizado el proyecto de extensión de la red de agua potable, aprobación del proyecto de pavimento y desagües por parte del Ministerio de Infraestructura y Transporte y actualmente se está tramitando la categorización ambiental en el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, cual representa el último paso antes de comenzar las obras, que la Ordenanza N º 25 88 exige”.

“Teniendo en cuenta el desarrollo urbano planificado que se plantea desde el Departamento Ejecutivo Municipal consistente en la realización de un Parque Regional (Concesiones 340 y 341 ), un polo educativo con la radicación de la Universidad Nacional de Rafaela (Concesión 342) y la habilitación de la Variante, es de suma importancia conocer la información que se solicita, cual está íntimamente relacionada con el crecimiento del sector”, expresó Mársico.

Al hablar en la sesión, Mársico reiteró estos argumentos y agregó uno más, menos “correcto” políticamente: cuando se habilite la Variante Rafaela, el asentamiento quedará a la vista de quienes pasen por allí. “Será la imagen que se lleven los transeúntes al pasar por la ciudad”, advirtió el edil.

Razones de peso

Hay un dato real: el loteo que se hará en el lugar –una amplia franja ubicada entre la Variante Rafaela y los barrios de “quintas”, en las zonas más caras de la ciudad- requiere una inversión millonaria y promete un retorno muy significativo, al valor en que se cotiza el metro cuadrado de terreno en esa zona. Será para propietarios de alta capacidad, y no es difícil suponer que la urbanización será para viviendas de altísimo valor. Un asentamiento de familias carenciadas en el medio de una urbanización destinada a un mercado de alto poder adquisitivo sería totalmente contraproducente para la rentabilidad del negocio. Pero contra ese dato hay otro, igualmente real: el municipio tomó un compromiso con los propietarios, firmó un documento y pasados seis años, no lo cumplió. Y los propietarios, que en su momento aportaron terrenos para el complejo universitario de la UNRaf, tienen todo el derecho a realizar las inversiones que más los favorezcan y obtener el rédito que pretenden usufructuando tierras de alto valor inmobiliario.

El tema es complejo y necesariamente implicará la necesidad de dialogar con los ocupantes. Que el Estado ceda terrenos en otro sector para la reubicación de esas familias generaría un precedente que se considera negativo, en un momento en que hay 7 mil familias en búsqueda de soluciones habitacionales. Además, no suena sensato mudar una “villa” de un lugar a otro, sólo para que se reiteren situaciones de marginalidad social muy penosas. En todo caso, la reubicación implicaría una solución más de fondo, que tampoco sería justa para los que, con la misma necesidad de vivienda, no pueden acceder a ese tipo de soluciones. Ya hubo un ejemplo claro: el conflicto por el denominado "Asentamiento Demarchi" no pudo resolverse de manera totalmente satisfactoria para los propietarios originales de los terrenos porque el Estado nunca aceptó reubicar el asentamiento.

Empleo violeta

Por otra parte, en otro capítulo de la sesión de este jueves, el Concejo aprobó también un proyecto del bloque oficialista, para potenciar la empleabilidad de mujeres a través del programa provincial “Mi primer empleo violeta”.

Rafaela será la primera ciudad de la provincia en llevar adelante este programa, que está en vigencia desde el 2021. La idea es generar oportunidades de empleo para mujeres que les permita tener una primera experiencia laboral registrada y con todos los beneficios de la ley (aportes previsionales, obra social, etc.). De este modo, pueden sumar a sus currículums este antecedente y mejorar sus condiciones de empleabilidad en el futuro.

Vale destacar que el programa provincial funciona desde el 2021 y ya fueron más de 30 las empresas locales que sumaron trabajadores y trabajadoras bajo esta modalidad. Justamente por la brecha que se produce a la hora de emplear personal, es que Soltermam promovió Mi primer empleo Violeta. Los números son claros, en el tiempo que lleva el programa, se incorporaron 170 personas, de las cuales sólo 45 fueron mujeres. Por eso la estrategia de “colorear” de violeta la experiencia, es decir, garantizar que el programa tenga perspectiva de género.

Así, las empresas que contraten mujeres en el marco de Mi primer empleo Violeta, serán apoyadas por el Estado provincial, que les aportará el 85 % del valor de un salario mínimo, vital y móvil, el restante 15 % lo sumará el municipio, de modo que el SMVyM quede cubierto al 100 % y eso sirva de estímulo para que las empresas contraten personal, priorizando mujeres.

Es importante destacar que, para acceder a este programa, son las mismas empresas las que buscan en la base de datos de la Oficina Municipal de Empleo, los perfiles que se adapten a su búsqueda, y convocan directamente a las potenciales empleadas. Por eso es importante tener los datos actualizados en dicha base. Para ello, hay que dirigirse a 9 de julio 420.