El proyecto de Ley Bases o "Ley ómnibus" del presidente Javier Milei se trata este lunes en la Cámara de Diputados por segunda vez tras haber naufragado en febrero pasado y el oficialismo confía en darle media sanción con el apoyo de la oposición dialoguista al término de debate que se extendería hasta el martes, aunque persisten diferencias sobre varios artículos que ponen el foco sobre la votación en particular.

La iniciativa se trata junto al proyecto de "Medidas Fiscales" (que contempla entre otros puntos la restitución del Impuesto a las Ganancias) y la diferencia central con la primera versión, además de haber pasado de 600 artículos a poco más de 250, es la incorporación de una reforma laboral aunque más acotada que la que figuraba en el "mega DNU" de Milei debido a la presión que ejercieron la CGT y algunos de los diputados con los que el Gobierno tuvo que negociar.

La sesión fue convocada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para las 11:00 y se prevé que se extienda hasta el martes, con una duración aproximada de 40 horas. Si bien esto dependerá de la cantidad de diputados que se anoten para tomar la palabra, tanto el Gobierno como la oposición dialoguista quieren que el tema se defina antes del feriado del 1 de mayo.

Diputados retoma el debate de la Ley Bases: ¿cómo será la sesión?

En principio, el oficialismo tiene asegurada la mayoría para la aprobación en general de la Ley Bases. Según el conteo preliminar que hicieron en la Cámara de Diputados, el proyecto cosecharía entre 144 y 150 votos a favor luego de las numerosos cambios que aceptó el Gobierno para asegurarse el apoyo del PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal y algunos bloques provinciales.

No obstante, el oficialismo no quiere correr ningún riesgo de repetir la fallida experiencia de febrero y por esa razón la Casa Rosada instruyó a Menem para que no haya cuarto intermedio, como ocurrió en la oportunidad anterior, cuando el debate duró más de tres días. "Vamos a matar o morir, hasta que las velas no ardan", deslizó una fuente gubernamental a iProfesional.

Hay dos factores centrales que empujarían la aprobación del proyecto en general. El primero tiene que ver con lo institucional: a cuatro meses de haber asumido Milei todavía no tiene ninguna ley propia aprobada por el Congreso. Si bien ambos proyectos deberán pasar al Senado, el Gobierno necesita un primer triunfo legislativo tras la frustración que tuvo en el verano y el rechazo al "mega DNU" en la Cámara alta.

El segundo factor es el agotamiento que se extiende entre los diputados de los distintos bloques tres cuatro meses de negociaciones sobre el proyecto. "Todos quieren que esto salga de una vez y vaya al Senado así el Presidente tiene la herramienta de gestión, se terminan las excusas y los insultos y nosotros empezamos a tratar otros temas", se sinceró ante iProfesional un diputado de la oposición dialoguista.

Reforma laboral y jubilados: ¿cuáles son los puntos principales del proyecto?

Uno de los temas clave de la Ley Bases es el capítulo de "modernización laboral" que se incluyó a pedido de la UCR, pero en medio de una fuerte discusión con el PRO y con Hacemos Coalición Federal, el bloque que comanda Miguel Pichetto y que presionó para "suavizar" la reforma y remover algunos de los puntos que molestaban a la CGT.

El proyecto contempla la derogación de multas por falta de registración laboral (que tendrá otro tipo de sanciones dependientes de una sentencia judicial firme y un mecanismo de denuncia más ágil por medios electrónicos), la extensión del período de prueba a seis meses (hoy son tres) y el fondo de cese laboral y el seguro de desempleo como reemplazo del sistema de indemnizaciones, sujeto al acuerdo entre las partes en cada actividad.

La propuesta original que la UCR le había acercado al Gobierno también establecía la eliminación de los aportes obligatorios a los sindicatos por parte de todos los trabajadores de cada actividad, incluidos los no afiliados. Este punto, criticado por la CGT debido a que afecta una de las principales vías de financiamiento de los gremios, se dejó afuera para lograr consenso.

Sin embargo, los diputados radicales tienen previsto insistir con su inclusión durante el debate en el recinto. La discusión en torno a este tema es apenas uno de los casos que obligarán al oficialismo y a los opositores interesados en aprobar la Ley Bases y el paquete fiscal a tener extremo cuidado cuando pasen a la votación en particular de los artículos, que fue lo que hizo naufragar a la versión anterior.

Además, el proyecto deroga la moratoria previsional y crea la figura Prestación de Retiro Proporcional para las personas que cumplieron 65 años y no cuentan con los 30 años de aportes necesarios para jubilarse.

Quienes queden debajo de esa figura cobrarán a partir de esa edad un haber mínimo equivalente a la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM), que es el 80% de la jubilación mínima. Este puede ser un tema conflictivo en la sesión dado que, según los especialistas en temas previsionales, 9 de cada 10 mujeres no podrá jubilarse a los 60 años y deberá esperar hasta los 65 años para acceder a una PUAM.

¿Qué otros temas están todavía en discusión entre los diputados?

La Ley Bases también establece un Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) que contempla beneficios impositivos y cambiarios pero que enfrenta críticas de varios diputados. Los socialistas santafesinos y Margarita Stolbizer (integrantes de Hacemos Coalición Federal) creen que "no garantiza que no haya lavado de dinero". Apoyan ese argumento en las advertencias que envió el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

En tanto, algunos de los diputados que responden a gobernadores no están de acuerdo con este régimen de inversiones porque elimina aranceles para la importación de insumos. Todos estos planteos en contra, sumados al rechazo de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda a todo el paquete amenazan este capítulo de cara a la votación en particular.

Y es que cada capítulo o artículo (según como definan llevar a cabo ese tramo clave de la votación) necesitará tener mayoría. Al haber más de 100 diputados que rechazan de plano todo el paquete de proyectos, la posibilidad de que en algunos temas se sumen legisladores de los bloques dialoguistas abre un riesgo que recuerda a la fallida experiencia anterior.

Los radicales están de acuerdo con el RIGI pero consideran que además de las inversiones en sectores importantes como el hidrocarburífero es necesario contemplar a las economías regionales y pedirán incluir en las ventajas impositivas a las inversiones "menores a los 200 millones de dólares" que establece el proyecto.

Por su parte, los diputados de la Coalición Cívica se oponen a la delegación de facultades legislativas a Milei "para reestructurar el Estado", al igual que otros diputados de bancadas provinciales.

Luego está el tema Ganancias, que figura en el proyecto de Medidas Fiscales. Varios diputados de la UCR no están dispuestos a acompañar la restitución de este tributo con un piso de $1,8 millones de sueldo bruto para solteros y $2,2 millones para casados, que tampoco termina de convencer a todos los representantes de provincias patagónicas.

¿Cómo quedó la Ley Bases tras los cambios que aceptó el Gobierno?

Luego de 4 meses de negociaciones y del paso fallido por el recinto en febrero pasado, la Ley Bases sufrió numerosas modificaciones respecto de su primera versión original, muchas de las cuales se discutieron hasta el último momento. Entre ellas estuvo la eliminación del Banco Nación de la lista de empresas públicas que podrías ser privatizadas, que se decidió mientras las comisiones debatían.

De esta manera, quedarán 4 empresas con destino a privatización y 5 para privatización o concesión, entre las que se destacan Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina e Intercargo (en el primer listado), AySA, Correo Argentino y Corredores Viales (en el segundo listado).

En la nueva versión también se acotaron las emergencias públicas sobre las cuales se apoya la delegación de facultades legislativas a Milei tanto en cantidad como en plazo: serán solo en materia administrativa, económica, financiera y energética y por el término de un año.

La delegación de facultades tiene como base principal "reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas" y, en ese marco, el Poder Ejecutivo podrá modificar o eliminar competencias de órganos u organismos de la administración central, así como reorganizarlos o transferirlos a las provincias "previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos".

No obstante, en la negociación con la oposición el Gobierno aceptó excluir de estas facultades la intervención en "las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan". Asimismo tampoco "podrá disponer la disolución" de un conjunto de organismos, entre ellos, CONICET, ANMAT, INCAA, CONAE, ENACOM, INTA.

En cuanto a los fondos fiduciarios, el tema que derivó en la caída de la primera versión de Ley Bases, el Gobierno aceptó que si son eliminados se respete el origen de los fondos, es decir, si los recursos provinieran de un impuesto coparticipable, la eliminación haría que vuelvan a la masa coparticipable y no al Tesoro.

Una sesión clave para el Gobierno, con el Pacto de Mayo de Milei por delante

El proyecto de Ley Bases podría tener tener más cambios durante la votación en particular como la la incorporación del impuesto al tabaco en igualdad de condiciones para todas las empresas del sector. Esto figuraba en la primera versión y luego el Gobierno lo dejó afuera. Varios diputados acusan un fuerte lobby a favor de Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, principal beneficiado por el régimen impositivo actual.

Un grupo de diputados del bloque Innovación Federal -con los salteños a la cabeza- intentarán que vuelva a incorporarse y lo mismo hará la UCR. En las horas previas a la sesión trascendió que el Gobierno aceptaría este nuevo cambio. Y es que la prioridad del "brazo político" del Gobierno que integran Guillermo Francos, Nicolás Posse y José Rolandi es que la Ley Bases avance.

Y es que, a pesar de que el propio Milei le restó importancia días atrás al destino de la Ley Bases en el Congreso, durante la apertura de sesiones el 1 de marzo había puesto este tema como condición para la firma del "Pacto de Mayo", al que convocó a todos los gobernadores y dirigentes políticos del país.

En ese contexto, los funcionarios aceitaron el diálogo con diputados y gobernadores para que la Ley Bases y el paquete fiscal estén aprobados cuando llegue el 25 de mayo, la fecha que puso el Presidente para la firma del pacto. El cronograma está muy ajustado y el destino de los proyectos en el Senado todavía es una gran incógnita, pero por ahora el objetivo más importante para el Gobierno es que ambas iniciativas esta vez puedan pasar el filtro de la Cámara de Diputados.