En el acto central del 2 de abril en Plaza San Martín en torno al cenotafio dedicado a los caídos en Malvinas, Javier Milei volvió a reflotar la idea de un gran acuerdo nacional, que varias veces puso en dudas él mismo, si es que no se le concede el paquete de medidas que contiene el DNU 70 de desregulación de la economía y la Ley Bases, al menos en su espíritu.

En esa actividad que fue transmitida en cadena nacional, el jefe de Estado convocó al conjunto de la sociedad y a la dirigencia política a aprovechar la fecha para inaugurar una nueva era de reconciliación con las Fuerzas Armadas.

En ese contexto, agregó que “el primer paso de esta nueva doctrina lo daremos el 25 de mayo en la Docta, en la provincia de Córdoba, donde firmaremos el Pacto de Mayo, estableciendo las diez políticas de Estado del nuevo orden económico argentino y para el que quiero extender una invitación especial no sólo a los miembros del Estado Mayor Conjunto y las FFAA, sino también a las organizaciones de veteranos de Malvinas para que sean testigos y estandartes de la nueva Argentina.

Esta apertura que se demuestra públicamente, por el momento no se condice con los hechos objetivos que giran en torno a las reuniones que continúan entre los gobernadores, sus legisladores, y los negociadores oficiales: Guillermo Francos (Interior) y Nicolás Posse (Jefatura de Gabinete), además del joven asesor Santiago Caputo. Mientras tanto, desde Casa Rosada se sostiene que están estudiando -al menos- dos de los pedidos provinciales. Nos referimos a revisar algunas obras públicas y a mediar en las disidencias por Ganancias.

Uno de los funcionarios del entorno presidencial confiesa en estricto off: “Hasta ahora hemos podido avanzar así, de hecho, este es el ajuste más rápido y efectivo que se ha realizado nunca. La gente nos votó para eso”, sostiene el hombre, que a su vez se mantiene firme en la convicción de lo que considera un fracaso por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), al intentar resistir los primeros 15 mil despidos que se ejecutaron en la administración pública.

Diferencias y desconfianza

Los gobernadores díscolos están siendo afectados por estas medidas. La administración de Ricardo Quintela en La Rioja es una. Tuvo unos 120 despidos o -como los denomina LLA- “no renovaciones de contratos”, que se dieron en reparticiones nacionales como la ANSES. Pero no escapan a ello los mandatarios provinciales más cercanos a Balcarce 50. Algunos ya marcaron sus diferencias en diversos temas fiscales desde hace tiempo. Tal el caso de Ignacio Torres (Chubut) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), integrantes de Juntos por el Cambio.

Los caudillos acuerdistas vuelven a sentarse en la mesa del mileísmo, pero cada vez con más desconfianza. Saben que la imposición que surge de los principales despachos de la sede del Poder Ejecutivo es la que se escuchó en las últimas horas de parte de unos de los colaboradores de mayor confianza de los hermanos Milei: “La reunión con los gobernadores es con el espíritu de que no se voltee el DNU, la Ley Bases y el Pacto de Mayo”.

Inclusive en el planteo de los diputados del PRO, en referencia a enviar el proyecto de la reforma laboral, el oficialismo sostiene a rajatabla que la misma no puede perder la esencia del articulado que quedó pendiente en la Cámara baja cuando el presidente decidió retirar del tratamiento legislativo la normativa que representaba -en términos parlamentarios- su plan de gobierno. En el que se mantiene sólido a través de otras herramientas institucionales (decretos y resoluciones).

Luego de las discusiones por los fondos coparticipables que llevaron al primer mandatario chubutense a amenazar con no proveer de combustible al resto del país -algo que en materia judicial y constitucional resulta difícilmente ejecutable- existen otras divergencias que no se dirimen y tienen que ver con otros rubros que en materia de energía son esenciales para la Argentina.

Pese a que la Ley de Bases no incluiría modificaciones en la Ley de Biocombustibles, algo que la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles ven con buenos ojos, en las Pymes de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis, el problema es el tema de las tarifas. A las empresas se les triplicó el costo energético y por la fórmula que calcula el precio del biodiesel, el valor se debería haber incrementado, pero el mismo no aumenta porque en el Ministerio de Economía no aprueban las subas.

Desde la CEPREB se denuncia que “básicamente se recurre al mismo mecanismo que durante la gestión de Sergio Massa”. Es decir, pisar artificialmente los precios para dar una sensación de moderación en la inflación. “Básicamente de liberales no tienen nada”, afirman los productores, y añaden que de esta forma “recurren a las mismas técnicas que el gobierno anterior”. Lo que surge de esto, es que por ahora las empresas pueden seguir elaborando, pero si siguen aumentando los costos y se mantienen congelados los precios, obviamente, que en algún momento la producción va a caer.

Lo cierto es que, así como los caciques del norte no se ponen de acuerdo con los del sur con respecto a la cuarta categoría, en materia de bioenergía, por tomar un ejemplo, Santa Fe quiere incorporar una modificación a la ley 27.640 que la beneficie por sobre los otros cuatro distritos provinciales; dos peronistas (PBA y La Pampa) y dos de JxC (E. Ríos y San Luis).

Así es como las grietas ideológicas se desdibujan y el poder central mantiene las divisiones para reinar. En este caso, Pullaro quiere incorporar un esquema de libre competencia entre Pymes para que puedan disputar la oferta de biodiesel en el mercado. Lo que ocurre es que las compañías cercanas a los puertos no tienen costo de fletes, con lo cual podrían ser mucho más competitivas que las que están alejadas de las zonas portuarias. Eso las llevaría a ganar todas las licitaciones en el mercado interno.

Esta es una de las tantas discusiones que hay entre los que deben alcanzar algún tipo de convenio a nivel país. Otro jefe distrital que le echa nafta al fuego es el gobernador y dirigente petrolero santacruceño Claudio Vidal, quien aseguró que “si no hay recursos” para su provincia “no habrá Ley Bases ni Pacto de Mayo”. La respuesta de la Casa de Gobierno no se hizo esperar: “Sin Ley Bases no hay plata, aunque tengamos las mejores intenciones, porque no vamos a tener de dónde repartir nada”. Así están las cosas entre la Nación y las administraciones federales.

Todo pareciera desembocar en la misma dirección, en la de un Martín Llaryora que será anfitrión de un pacto limitado, o simplemente de algo que quedará en mero voluntarismo, o lo que es peor, en una intención de deseos, que a la vista de los libertarios complicará a los estados provinciales y no a su gobierno de motosierra y licuadora.