Este miércoles, día de la celebración del 450° aniversario de la fundación de Santa Fe, hubo inactividad en todas las oficinas públicas de la provincia y la ciudad. Sin embargo, el Comando Unificado -que reúne en una mesa de trabajo común a representantes de las fuerzas de seguridad, del municipio, y del Ministerio Público de la Acusación- mantuvo su habitual reunión semanal. Y si hace quince días el Comando puso el foco en las derivaciones de un ataque sicario que terminó con un crimen en barrio Villa Dominga -hecho que motivó incluso la presencia en el encuentro del ministro de Seguridad de la provincia, Claudio Brilloni-, ahora el eje de las preocupaciones lo conforman la ola de delitos predatorios que se está registrando en la ciudad, y que tiene réplica en otras localidades también.

Robos de cables, de motos, de bicicletas, escruches (ingresos a domicilios sin personas en el interior), entraderas (cuando en las viviendas elegidas como blanco están los moradores en el interior), desmantelamiento de medidores, hurtos al voleo, ingreso a instituciones deportivas y sociales, a espacios de uso público, y una variedad de delitos que en general son de menor cuantían, han creado un clima de zozobra permanente en la comunidad, que se pregunta qué está pasando. Y que nota una alarmante falta de respuestas de la policía.

Puertas adentro del Comando, se escucharon argumentos. Por distintos problemas -que van desde accidentes hasta problemas mecánicos derivados del uso intensivo- hay una importante cantidad de móviles menos. Se apuntan problemas logísticos: no llegan las partidas para los repuestos o para el mantenimiento de las unidades. Por la razón que fuere, hay menos patrullaje en las calles de la ciudad.

El otro problema es que hay menos efectivos. La creación del Comando Radioeléctrico en Sunchales -donde también hay un grave pico de inseguridad, que incluyó la muerte de un anciano de 91 años tras sufrir un ACV cuando delincuentes ingresaron a su casa y lo golpearon y amenazaron para desvalijarle la vivienda- motivó el desplazamiento de efectivos hacia esa ciudad. Y la Superioridad provincial también habría ordenado otros traslados hacia distintos destinos: la realidad de la "manta corta" se hace presente. Para cubrir algunos lugares se destapan otros.

¿Y la justicia?

En la Alcaidía había hasta hace algunas semanas 132 detenidos. El máximo permitido por la capacidad del establecimiento de la Jefatura es de 46. Al hacinamiento que deriva de esa situación se suma la falta de recursos para alimentar a los internos. Esta semana el número se redujo a unos 118, de los cuales cerca de 80 detenidos lo son por casos de violencia de género y abusos sexuales. La proporción es que por cada 2 detenidos por esas causas hay uno por otros delitos.

Aunque una buena parte de la comunidad cae sobre la Justicia, responsabilizándola de que los detenidos por delitos como robos y hurtos entran por una puerta y salen por la otra, la realidad es que también los abogados defensores esgrimen argumentos contundentes a la ohra de denunciar el hacinamiento. Y que no siempre las evidencias incriminatorias alcanzan para que los delitos tengan la tipificación legal que amerita una prisión preventiva: la libertad es el bien más sagrado que tiene una persona y una medida cautelar que prive a una persona de ese derecho debe cumplir con una serie de requisitos legales que no se pueden soslayar.

¿Mensajes?

Por otra parte, en los últimos días trascendió que por lo menos tres funcionarios del MPA rafaelino fueron víctimas de hechos delictivos, en forma directa o por familiares cercanos que fueron "visitados" por los delincuentes. A eso se le suma un escruche -con un botín de un millón y medio de pesos que estaban destinados al pago de una cuota de una vivienda- que sufrió una mujer que es asistente de un importante dirigente político rafaelino.

Entre los jefes policiales y los integrantes del Comando Unificado este tema también fue puesto sobre la mesa, ante la presunción de que podría tratarse de algún tipo de "mensajes" dirigidos al poder político local, sin especificación de destinatario, pero preocupante desde donde se lo mire.

Mientras tanto, hay un estado de alerta generalizado en la comunidad, donde nadie se siente totalmente a salvo de ser blanco de algún episodio de inseguridad.