Nos dirigimos a usted como integrantes de los equipos técnicos del Precandidato a Gobernador Lic. Maximiliano Pullaro en el área Justicia y Seguridad, y en el marco de la convocatoria a la Mesa de Diálogo por la Seguridad Ciudadana.

Luego de dos reuniones, nuestro equipo ha podido verificar que la convocatoria al diálogo ha derivado en una ronda de exposiciones, mayormente a cargo de personas e instituciones de reconocida probidad y ajenas al gobierno. A pesar de la seriedad de los actores institucionales involucrados, observamos críticamente que el actual proceso de diálogo parece plantear una idea asamblearia de la gestión de la seguridad, con énfasis en los factores de largo plazo (como la cuestión social) y en la tarea de otros estamentos (como la fiscalía y las agencias federales).

Y esto deja fuera de foco a cuestiones tan relevantes como la necesidad de sacar la policía a la calle, de controlar las cárceles y de combatir frontalmente al crimen organizado. La ciudadanía exige saber qué están haciendo con la problemática específica de la inseguridad quienes hoy tienen responsabilidades ejecutivas, y qué proponen hacer quienes aspiran a gobernar la Provincia de Santa Fe. Y en este sentido más acotado, este gobierno ha emprendido líneas de acción que entendemos erróneas. Se está volviendo a una concepción anticuada y burocrática del despliegue policial, con epicentro en las comisarías y descuidando las modernas técnicas basadas en el análisis criminal. La política penitenciaria ha perdido completamente el rumbo, y hoy tenemos el triple de presos en comisarías que al asumir usted el gobierno.

El gobierno ha dejado de investigar, perseguir, encarcelar y desmantelar a las grandes organizaciones criminales, tarea que hoy es llevada a cabo en soledad por la fiscalía. Todo lo cual no hace sino empeorar el cuadro de situación que habrá de asumir el próximo gobierno. 2 Por lo demás, y visto que no habrá una mejor ocasión para hacerle llegar las propuestas de nuestro espacio (no sólo por el ya señalado carácter expositivo de los encuentros, sino también porque muchas de las intervenciones posteriores abundan en posicionamientos políticos e ideológicos, que desalientan el intercambio de carácter técnico), ponemos a su consideración un conjunto de acciones que deberían ser implementadas de inmediato. Desde ya que no se pretende con ello interferir en la acción del gobierno, sino evitar que la actual situación de crisis profundice su efecto expansivo hacia la gestión entrante.

También aprovechamos esta nota para requerirle cierta información específica, que estimamos de utilidad para profundizar nuestra labor. Las acciones propuestas son:

1) Requerir al Ministerio de Seguridad de la Nación el concurso de las fuerzas de seguridad nacionales en el ámbito de las áreas metropolitanas de Rosario y Santa Fe, en los términos del artículo 24 de la ley 24.059 (Seguridad Interior) y bajo el supuesto previsto en el artículo 23, inciso a), de dicha norma (“Cuando estén en peligro colectivo la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes de una región determinada”), delegándose en el Ministro de Seguridad de Santa Fe la supervisión operacional.

2) Pronunciarse políticamente a favor de que la Provincia de Santa Fe asuma su competencia para la investigación y represión del narcomenudeo, de conformidad con el artículo 34 de la ley 23.737 (reformado por ley 26.052).

3) Poner en marcha, de manera urgente, un plan de contingencia y emergencia operativa en materia de seguridad, tendiente a producir una brusca saturación de presencia policial en el espacio público.

4) Adoptar de inmediato las medidas que resulten necesarias para contar con la máxima disponibilidad de recursos humanos y logísticos destinados al patrullaje preventivo y a la investigación criminal.

En particular, se sugiere: a. Reducir al máximo funciones administrativas o de complemento, mediante procedimientos de centralización administrativa o tercerización parcial de servicios, asignando a funciones operativas al personal desafectado de estas tareas. b. Programar inteligentemente los ingresos de detenidos al Servicio Penitenciario, de manera tal que esto permita gradualmente clausurar el ingreso de nuevos detenidos a dependencias determinadas e ir desmontando los dispositivos policiales de custodia, guarda y traslado. c. Abstenerse de abrir, reabrir o aumentar la jerarquía administrativa de las divisiones de la Policía de Santa Fe (Comisarías, Subcomisarías, Destacamentos), salvo que se cuente con nuevo personal y se encuentren debidamente cubiertas las tareas de patrullaje preventivo e investigación criminal.

5) Convocar al Ministerio Público de la Acusación y a los gobiernos locales de Rosario y Santa Fe para que, en forma coordinada con el Ministerio de Seguridad de Santa Fe y con la Central el Ojo, programen una intervención estatal integral y sostenida sobre seis (6) barrios de Rosario y cuatro (4) barrios de Santa Fe, con el objetivo de reducir la circulación de violencia. La selección de los territorios a intervenir deberá tener particularmente en cuenta los datos objetivos de vulnerabilidad sociodelictual, provenientes de la labor de análisis criminal.

6) Proponer emplazamientos adecuados para construir tres Alcaidías Regionales (en Rafaela, Reconquista y Melincué) y una prisión de máxima seguridad, y que los principales referentes políticos del gobierno se comprometan a apoyar su construcción desde los lugares institucionales que en el futuro pudieran ocupar.

7) Restaurar reglamentariamente el régimen especial para reclusos de alto perfil, hasta tanto se logre su instauración por la vía legislativa.

8) Abstenerse de seguir ocupando las Estaciones Policiales para fines ajenos a aquellos que expresamente se previeron al momento de su creación (gestionar eficientemente y con criterios modernos el despliegue operacional), y abstenerse particularmente de introducirles modificaciones permanentes o que alteren su funcionalidad.

9) Requerir al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación la urgente finalización y puesta en marcha del Centro Federal Penitenciario del Litoral Argentino de Coronda, cuya licitación fuera anunciada en el año 2012.

10) Conformar un grupo de trabajo permanente, con participación de los distintos espacios políticos e institucionales, para monitorear el cumplimiento de los compromisos que recíprocamente se asuman en el marco de esta convocatoria hasta el inicio de la transición política formal. Asimismo, convocar de manera urgente a la Junta Provincial de Seguridad, sosteniendo y dando continuidad a su funcionamiento.

Asimismo, y tal como se ha adelantado, se requiere la siguiente información:

1) Cantidad de efectivos policiales y penitenciarios, indicando dependencia, función y situación escalafonaria, y señalando específicamente cuántos de ellos cumplen funciones operativas y cuántos cumplen funciones administrativas o de complemento.

2) Cantidad y estado general de los vehículos policiales y penitenciarios, indicando en el caso de los vehículos policiales cuántos de ellos están asignados a tareas de patrullaje preventivo.

3) Información detallada sobre el despliegue policial preventivo en cada Unidad Regional. Además, información detallada sobre la cobertura de cuadrantes 4 en las ciudades de Santa Fe y Rosario, incluyendo la cantidad de móviles policiales operativos y comisionables con presencia y actividad verificable según sistema 911.

4) Principales variables sobre delito y seguridad en las áreas metropolitanas de Santa Fe y Rosario durante los últimos seis meses, con especial énfasis en los homicidios, balaceras y amenazas (a edificios públicos, escuelas, comercios y otros), detonaciones de arma de fuego, robos en vivienda y robos en la vía pública.

5) Cantidad de efectivos policiales que fueron afectados a tareas administrativas por causa de las aperturas, reaperturas o jerarquizaciones de dependencias policiales.

6) Cantidad de nuevas plazas penitenciarias creadas en el curso de la actual gestión de gobierno, su impacto en relación al total de la población reclusa a nivel provincial, y evolución de la población reclusa en sede penitenciaria y policial.

7) Funcionamiento de los escáneres instalados en las unidades penitenciarias de Las Flores, Coronda y Piñero. En particular, que informe la cantidad de celulares secuestrados en dichas unidades a partir de la puesta en funcionamiento de los escáneres y durante los tres meses anteriores.

8) Información detallada sobre la adquisición, instalación y funcionamiento de inhibidores de señal en instituciones penitenciarias, y sobre la adquisición de sistemas que garanticen la comunicación telefónica lícita, segura y controlada de los privados de libertad.

9) Funcionamiento general y procesos licitatorios en marcha o concluidos, respecto de los sistemas 911 y de monitoreo en las ciudades de Santa Fe y Rosario. Finalmente, instamos a asumir un compromiso público de convocar cuando sea oportuno a una transición política seria y ordenada, en función de los resultados del proceso electoral en ciernes. Sin otro particular, y ratificando la predisposición de nuestros equipos para seguir participando en esta instancia de diálogo y otras que se convoquen, lo saludamos con atenta y distinguida consideración.