En una entrevista exclusiva con Radio Mitre Santa Fe, el secretario general de la Provincia, Juan Cruz Cándido, describió la situación como "hechos de terrorismo" y expresó la firme determinación del gobierno de perseguir penalmente a los responsables. "Nosotros lo planteamos así, lo calificamos así y pretendemos que de esta manera sean perseguidos penalmente como terroristas que buscan intimidar, asustar, meter miedo a la sociedad", afirmó Cándido.
La intervención de fuerzas federales en la región ha sido una medida clave en la respuesta gubernamental, aunque los desafíos persisten. "Estamos ante hechos de terrorismo. Pretendemos que sean perseguidos penalmente como terroristas que buscan intimidar, asustar, meter miedo a la sociedad", reiteró el secretario general.
Las recientes amenazas dirigidas a los choferes y servicios de transporte público en Rosario han aumentado la preocupación en la comunidad. Cándido explicó: "En cada hecho, en los crímenes cometidos, en los ataques de ayer, que fueron algunos elementos contundentes que más fácil no parecerían balas, en todos hay un reclamo por las condiciones de detención de los presos de alto perfil".
En cuanto a la posible extensión de estas medidas a otras áreas afectadas, como Funes y los alrededores de Rosario, el secretario aseguró que el operativo está siendo coordinado de manera efectiva. "El operativo lo conduce el Comando Operativo Conjunto, que es conducido por el Secretario de Seguridad Pública de la Provincia, el Comandante Omar Pereira, junto con las fuerzas federales", afirmó.
Ante la preocupación de que la atención se desvíe de otras zonas, como el Departamento de la Capital, Cándido aseguró que se mantendrá y aumentará la presencia policial en todas las áreas afectadas. "No está bajo ningún punto de vista del gobierno la voluntad, la decisión de hacerlo de la sábana corta en el Departamento de la Capital", aseguró.
Por último, respecto a la posibilidad de declarar el estado de sitio o imponer un toque de queda en Rosario, Cándido señaló que es una decisión que corresponde al gobierno central. Sin embargo, destacó que se están evaluando todas las opciones con la comunidad y las autoridades locales. "Uno siempre evalúa el costo y el beneficio. Evaluamos que no sea peor el remedio que la enfermedad", concluyó.
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