En la mañana de este miércoles, se llevó a cabo una conferencia de prensa donde diferentes médicos y profesionales de la salud abordaron la grave problemática que enfrentan las organizaciones dedicadas a la atención de personas con discapacidad en Argentina. La principal preocupación radica en la desregularización del Nomenclador Nacional, un conjunto de normativas que establece los aranceles mínimos que las obras sociales deben pagar por las prestaciones de discapacidad.
Detalles sobre la desregularización del nomenclador nacional
El Nomenclador Nacional ha sido una herramienta fundamental para garantizar la cobertura de las prestaciones de discapacidad, regulando los aranceles a través de un directorio formado por la Agencia Nacional de Discapacidad, instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Este sistema asegura un arancel mínimo que las obras sociales deben abonar, complementado por un fondo compensador gestionado por la Superintendencia de Salud de la Nación. Este fondo permite el reintegro de estas prestaciones a las obras sociales, incluyendo a todas las nacionales, sindicales, prepagas, PAMI y el programa Incluir Salud.
"Lo que está sucediendo es que esta Ley es la 24.901 de Acceso a la Discapacidad que viene rigiendo desde 1998, rige porque nuestro país adhirió a la Convención Nacional de los Derechos para las personas con discapacidad. Siempre fue un ejemplo nuestro país por haber tenido una cobertura tan amplia. Hoy, lo que está sucediendo es que se quiere desregular este Nomenclador, sacar este Fondo Compensador y, por lo tanto, las obras sociales van a tener que hacerse cargo de las prestaciones, pero con la diferencia que pueden decidir ellas cuáles serían los valores que van a pagar de ahora en más". Expresó Marcelo Gieco, uno de los profesionales presentes.
La eliminación del fondo compensador y la posibilidad de que cada obra social determine los valores de los aranceles podría resultar en:
- Desigualdad en el acceso a prestaciones: Las obras sociales podrán decidir los valores que pagarán, lo que provocará diferencias significativas en la calidad y continuidad de las prestaciones. Esto podría derivar en un sistema donde las personas con discapacidad tengan acceso desigual a tratamientos según la obra social que posean.
- Peligro para la continuidad de los tratamientos: La falta de un arancel mínimo uniforme pondrá en riesgo la continuidad de los tratamientos, especialmente aquellos que son prolongados y requieren un acompañamiento sistemático. Los profesionales de la salud temen que la reducción de los aranceles afecte la calidad y frecuencia de los tratamientos.
- Crisis en el sector del transporte especializado: Los transportistas, esenciales para el traslado de personas con discapacidad, ya enfrentaban dificultades debido a la falta de ajuste del Nomenclador frente a la inflación. La desregularización agravaría esta situación, haciendo insostenible el servicio de transporte especializado.
Va a haber personas con discapacidad de primera, segunda y tercera categoría, dependiendo del tipo de obra social que tengan
Dra. Fernanda Odetto
Afectación a medicamentos y equipos especiales
Además de las prestaciones, la desregularización impactará en la provisión de medicaciones de alto costo, sillas de ruedas, órtesis, prótesis e implantes cocleares, entre otros. Este escenario ya estaba siendo problemático, con demoras en la entrega de medicaciones críticas para patologías graves como fibrosis quística y ELA, poniendo en riesgo la salud de los pacientes.
Los profesionales y trabajadores de las instituciones de discapacidad expresaron una profunda preocupación y tristeza. La universalidad en el acceso a prestaciones era una conquista importante para los derechos de las personas con discapacidad. La posible pérdida de esta garantía representa un retroceso significativo, generando un impacto negativo en quienes han dedicado su labor a asegurar estos derechos.
ALPI y otras instituciones han iniciado manifestaciones masivas a nivel nacional para evitar la continuidad de este proyecto de desregulación. La movilización busca defender la igualdad en el acceso a prestaciones y asegurar la sostenibilidad de los servicios de discapacidad en el país.
La conferencia de prensa concluyó con un llamado a las autoridades y a la sociedad en general para tomar conciencia de la gravedad de la situación y actuar en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Los representantes de ALPI enfatizaron sobre la necesidad de mantener un sistema regulado que garantice la igualdad y la calidad de las prestaciones de discapacidad en Argentina.
