Una mujer de 60 años cuyas iniciales son MED fue imputada este mediodía por haber amenazado a dos funcionarias del gobierno provincial y a dos concejales de la ciudad de Santa Fe. La atribución delictiva fue realizada por la fiscal María Laura Urquiza en una audiencia llevada a cabo en los tribunales de la capital provincial ante la jueza María Cecilia Labanca.
La fiscal Urquiza le atribuyó a la mujer la autoría del delito de amenazas calificadas reiteradas. Según detalló la funcionaria del MPA, fueron cuatro hechos ilícitos, uno por cada una de las víctimas.
En la audiencia, Urquiza explicó que la modalidad delictiva fue la misma en los cuatro casos. “Tres de los ilícitos fueron cometidos en 2021, más precisamente, entre junio y septiembre”, detalló y agregó que “el cuarto fue el lunes 26 de junio de este año”. En tal sentido se aclaró que las primeras tres víctimas eran funcionarias provinciales al momento de recibir las amenazas.
“Recibieron un sobre cerrado en sus respectivos despachos. En el sobre estaba escrito en manuscrito el nombre y apellido de la víctima”, precisó la fiscal y añadió que “como remitente aparecían dos mujeres que viven en el mismo edificio que la imputada”.
La fiscal que investiga lo ocurrido señaló que “en uno de los sobres incluyó un puñado de pelos y dos obleas pegadas con el logo de dos cocherías fúnebres de la ciudad de Santa Fe”. Asimismo, indicó que “otros dos sobres contenían un papel con membrete de una cochería fúnebre, un puñado de cenizas y una leyenda amenazante escrita en letra manuscrita, mientras que otro de los sobres tenía las cenizas y una propaganda de una cochería fúnebre”.
Detención
La investigación que dirige la fiscal Urquiza se inició a raíz de las denuncias realizadas por cada una de las víctimas, las cuales fueron acumuladas en un único legajo. En ese marco, se ordenó la realización de un allanamiento en la vivienda de la imputada en calle Primero de Mayo al 2.500, el cual se llevó a cabo ayer y culminó con la detención de la mujer.
Por su parte, en función de lo resuelto en la audiencia, la imputada recuperó su libertad, pero con normas de conducta que deberá cumplir mientras la investigación continúa. En tal sentido, deberá presentarse una vez al mes en el MPA, tendrá prohibido contactarse por cualquier medio con las cuatro víctimas y también deberá mantener una distancia de al menos 300 metros con los lugares de trabajo de esas personas.
