Finalmente Iván Belizán, el hombre de 33 años que está acusado de haber asesinado a Julio Funes en un hecho ocurrido en 2020 y que desde entonces está preso, irá a juicio oral y público. El dato es que luego de dos frustrados intentos de cerrar la investigación con una condena en un juicio de procedimientos abreviados, no habrá tercera oportunidad: el fiscal Martín Castellano adelantó, en la audiencia preliminar realizada en los tribunales de Rafaela, que pedirá una condena de 40 años de prisión.
En marzo Belizán fue una audiencia ante un tribunal pluripersonal y todo parecía dado para que se le impusiera una pena de 20 años. Pero en el momento de la audiencia, el imputado se negó a firmar el acuerdo e incluso pidió cambiar de abogado defensor. Fue la segunda oportunidad en que hizo naufragar el acuerdo que hubiera evitado el desarrollo del juicio, con el desfile de testigos y la presentación de evidencias. La extensa negociación previa cayó en la nada y en el seno del MPA se terminó la paciencia: ahora Belizán se expone a que le apliquen una condena del doble de la que había pactado, aunque por supuesto especula con obtener una sanción menor o incluso una absolución. En todo caso, además del crimen de Funes, se le atribuyó la autoría de delitos contra la integridad sexual de una sobrina menor de edad.
Por otra parte, ahora el fiscal va también por quien convivía con Belizán en el momento del hecho, una mujer de 38 años e iniciales MAP, que es hermana del acusado y actualmente está libre, para quien la Fiscalía solicitará una condena a nueve años de prisión.
Con una pala
Castellano recordó que “en una fecha comprendida entre los miércoles 18 y 25 de marzo de 2020, los acusados llevaron a cabo sus conductas delictivas en una vivienda rafaelina ubicada en Soldano al 1.300".
Relató que "luego de una discusión, el hombre de 33 años utilizó cables para atar los pies y las manos de la víctima", y agregó que "contó con la colaboración de su hermana". En tanto, sostuvo que "con voluntad de matar, el acusado golpeó violentamente a Funes en la cabeza con una pala de hierro, lo que provocó su fallecimiento en el lugar”.
“Tras el ataque, el acusado llevó el cuerpo sin vida a una habitación en la parte delantera del domicilio, lo colocó sobre una cama y lo tapó, con el fin de disimular lo sucedido ante la posible llegada de vecinos”, explicitó. "Para ello, la mujer de 38 años cooperó de manera no esencial", añadió.
Asimismo, expuso que “transcurridos algunos días, los acusados trasladaron el cadáver de Funes hasta un galpón cerrado localizado en el fondo de la vivienda", y remarcó que "lo dejaron allí hasta el domingo 29 de marzo de 2020 a la tarde, cuando lo prendieron fuego con la clara intención de eliminar los rastros del accionar ilícito".
Abusos sexuales
El funcionario del MPA puntualizó que "al acusado además se le endilgó haber abusado de una sobrina entre 2008 y 2016, época en la que ella transitó los primeros años de la escolaridad primaria”.
Precisó que “el hombre de 33 años vulneró la integridad sexual de la niña en dos viviendas ubicadas en Rafaela", y subrayó que "se aprovechó de la corta edad de la víctima, de la situación de vulnerabilidad en la que ella estaba y de la relación de dependencia que tenía con él”. Al respecto, especificó que "le decía que si contaba lo ocurrido no le creerían y la tratarían de mentirosa”.
Según afirmó el fiscal, “los abusos tuvieron entidad suficiente para afectar el desarrollo libre y progresivo de la sexualidad de la niña".
Calificaciones penales
Belizán está acusado como autor de homicidio doloso simple; abuso sexual agravado (por haber mediado acceso carnal a una menor de 13 años y mediando abuso coactivo); abuso sexual simple a una menor de 13 años y promoción de la corrupción de menores.
Por su parte, la mujer de 38 años está acusada como partícipe secundaria de homicidio doloso simple. Tras la audiencia preliminar que se desarrolló en los tribunales rafaelinos, el juez Javier Bottero resolvió por escrito las cuestiones planteadas por las partes. Admitió la acusación de la Fiscalía tal como fue presentada en cuanto a la calificación penal de los ilícitos y la pena solicitada.
Además, luego de las convenciones probatorias entre el representante del MPA y la Defensa de los acusados, el magistrado admitió que en el debate participen 60 testigos propuestos por la Fiscalía y 14 por parte de la Defensa, y que el MPA aporte las pruebas documentales recabadas durante la investigación.
Juicio oral
Ahora, el juez debe dictar lo que se denomina el auto de apertura a juicio para que se lleve adelante un debate oral.
Por su parte, la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Rafaela estará a cargo de sortear el tribunal, que será pluripersonal, y fijar la fecha para el inicio del juicio.
