A cuatro años del homicidio de Julio Funes, se había programado para este lunes la audiencia donde se daría lectura a la sentencia contra Iván Belizán, el único acusado por la muerte de Funes, ocurrida en marzo del 2020. Sin embargo, el imputado se arrepintió, desconoció el acuerdo al que había arribado y debió suspenderse la audiencia.
La audiencia estaba fijada para las 11 de la mañana, aunque problemas en el traslado del imputado desde Santa Fe hicieron que la misma sea cancelada y ahora Belizán deberá esperar que se le fije fecha a un juicio oral y público en donde puede ser condenado a una pena que ya no será acordada entre el MPA y él mismo -a través del abogado que lo represente-, sino que resolverán los jueces en base a las evidencias y testimonios que se presenten en el proceso.
Pasado el mediodía de este lunes y luego de unas demoras respecto al horario original fijado, se constituyó el Tribunal, presidido por la Jueza Cristina Fortunato y los jueces Nicolás Stegmayer y Gabriel Peralta (este último conectado via zoom). Enseguida la Dra. Fortunado le dio apertura a la audiencia, donde el Fiscal Martín Castellano leyó los argumentos que motivaron el acuerdo de juicio abreviado que Belizán había firmado con el Ministerio Público de la Acusación: En el texto, el acusado reconocía la autoría del homicidio de Funes, así como también, el abuso de una sobrina, a cambio de una pena morigerada de 20 años de cárcel de cumplimiento efectivo.
Sin embargo, tras la lectura, Belizán pidió la palabra y dijo no estar de acuerdo con la pena , lo que generó un cruce de miradas y sorpresa en el recinto. Para mayor confusión, pidió cambiar de abogado defensor (estaba siendo representado por el Servicio Público de la Defensa Penal) y reclamó ser beneficiado con el arresto domiciliario.
En todo juicio de procedimientos abreviados, los jueces intervinientes tienen que preguntarle a los imputados, como requisito "sine qua non", si entienden los alcances del acuerdo; si aceptan que ese acuerdo involucra el reconocimiento de los hechos que se imputan, la calificación legal de los mismos y el monto de la condena impuesta. Se trata de preguntas de fórmula, que los imputados generalmente contestan afirmativamente, dado que ya todas esas cuestiones han sido analizadas oportunamente con los defensores que los asesoran legalmente. El acuerdo en un juicio abreviado es entre el MPA como acusador y el imputado, ya que el defensor participa representando legalmente al acusado. Los jueces intervinientes sólo homologan los acuerdos alcanzados, y pueden rechazarlos por sí mismos sólo bajo determinadas circunstancias.
Este lunes, en medio del estupor que generó la conducta de Belizán, el Tribunal de jueces dio por finalizada la audiencia, no sin que antes el fiscal Castellano se despachara con algunos reproches hacia el imputado, al que acusó de “faltarle el respeto” a la Defensa, la Fiscalía y el Tribunal, que movilizaron recursos para esta audiencia, la cual se terminó levantando. Además, Castellano recordó que ya hubo un acuerdo previo con Belizán, que, al momento de suscribirlo, también había cambiado de parecer.
Ahora, será la Oficina de Gestión Judicial quien deberá también fijar la fecha del juicio oral y público, aunque antes habrá una audiencia para tratar la prórroga de la prisión preventiva que viene cumpliendo el acusado, y además la Fiscalía tendrá que formalizar la acusación contra Belizán. Va de suyo que se estima que la Fiscalía irá por una condena más fuerte que la de los 20 años que habían acordado en el abreviado. También queda por resolver la cuestión de quién representará al acusado, considerando que no tiene recursos para apelar a un defensor privado y rechazó la representación del profesional asignado por el sistema de Defensa Pública Penal.
En el mientras tanto, la sentencia se demora y Julio Funes sigue sin recibir justicia.
