El propietario de la chacarita del barrio Fasoli que fue detenido en la madrugada del viernes, cuando se disponía a despachar entre 5 y 10 toneladas de metales y otros materiales de dudosa procedencia, quedará detenido por sesenta días, según lo resuelto por la jueza de Investigación Penal Preparatoria Dra. Cristina Fortunato, en el marco de una audiencia de medidas cautelares que se desarrolló pasado el mediodía de este lunes en la Sala 2 de los tribunales locales.

La fiscal Lorena Korakis había imputado al chatarrero en una audiencia que tuvo lugar en la tarde del domingo por el delito de encubrimiento por receptación agravada. Si bien el delito tiene una pena mínima de un año y dos meses, por lo cual es excarcelable, la magistrada consideró probada la materialidad del hecho con el grado de certeza que se requiere en esta etapa de la investigación -es decir, el delito no está probado pero hay indicios que justifican la presunción requerida para la medida cautelar-, pero además tuvo en cuenta que los materiales presuntamente reducidos en el establecimiento propiedad del imputado serían fruto de una modalidad de robo que se ha convertido en un verdadero flagelo para la comunidad. En pocas palabras, se consideró el hecho de que las personas que cometen los robos son generalmente de bajos recursos, que se ven "alentadas" en cierta manera a cometer esos robos porque encuentran dónde vender los materiales obtenidos, a veces con riesgo de sus propias vidas o de las de terceros.

El establecimiento habia sido habilitado en el año 2000, pero esa habilitación cayó y de hecho tenía clausura definitiva desde el año 2022, aunque el abogado defensor del imputado expuso algunas evidencias que revelarían que incluso el municipio le habría vendido metales en desuso a ese mismo chatarrero.

No obstante, la magistrada actuante puso de relieve el hecho de que el imputado no pudo explicar el origen de unos 300 metros de cables nuevos de una empresa de telefonía que estaban en su poder y que la empresa habia denunciado como sustraidos. También existían otros tipos de cables cuyo origen no pudo ser justificado.

Como se sabe, la marcada preocupación que está generando el robo generalizado de cables -a veces con consecuencias fatales, como sucedió hace poco con un joven rosarino que sufrió quemaduras mortales al intentar sustraer cables subterráneos de la EPE en la ciudad del sur santafesino- hizo que las autoridades pongan el foco en cortar la cadena de comercialización de los metales robados, tanto provenientes de cables como de medidores de agua, instalaciones de gas natural y de conexiones domiciliarias de servicios.