El juez de Investigación Penal Preparatoria Dr.Javier Bottero dispuso la prisión preventiva sin plazos para un rafaelino de 43 años imputado por cometer hechos de violencia de género y abuso sexual en perjuicio de su pareja de 24 años, ocurridos en los últimos días de febrero.

La descripción de los hechos efectuada por la fiscal Gabriela Lema reveló la trama de una relación tóxica en la que ambos integrantes de la pareja resultan personas con problemas graves de adicciones. En ese contexto, el imputado, José S., -según el relato de la fiscal Lema- propinó una feroz golpiza a su pareja entre la noche y la madrugada del 28 al 29 de febrero, en el domicilio del imputado, ubicado en el barrio Alberdi.

Lema presentó evidencias de una gran variedad de lesiones en la víctima, que debió ser auxiliada por personal de la GUR y de la policía, luego de unas horas de espanto en la que la mujer fue golpeada, sometida a abusos sexuales y obligada a consumir psicofármacos y otras sustancias.

La relación de la pareja era de pocos meses y el hogar donde se produjeron los hechos es el de los padres del imputado. Según la fiscal, ya en noviembre la policía había debido intervenir por una situación de violencia de género, que finalmente no fue denunciada por la víctima. En el hecho en que finalmente el imputado fue detenido, la policía tuvo que allanar la casa, ya que la mujer fue golpeada dentro y fuera de la casa, pero cuando llegó la GUR el sujeto introdujo a la víctima a la rastra en la vivienda, que debió ser virtualmente allanada para permitir el rescate de la mujer, que terminó hospitalizada y debió ser desintoxicada antes de poder prestar testimonio.

Aunque el abogado defensor, Aníbal Caula -la audiencia se desarrolló por zoom- cuestionó que no se hubieran realizado exámenes toxicológicos sobre el imputado, que hubieran revelado que el mismo no era consciente de sus actos al momento de los hechos, por hallarse bajo los efectos del consumo de cocaína.

El juez Bottero le dio la razón a la Fiscalía en cuanto a dar por probada la materialidad de los hechos con el grado de certeza que requiere esta instancia del proceso; consideró que la gravedad de los delitos que se imputan -lesiones graves en un contexto de violencia de género, abuso sexual con acceso carnal- y los riesgos procesales que entrañaría la eventual libertad bajo palabra del imputado ameritan el dictado de la prisión preventiva para el imputado.