En la audiencia que concluyó en el mediodía de este sábado en los tribunales rafaelinos, la jueza de Investigación Penal Preparatoria Cristina Fortunato dispuso la prisión preventiva sin plazos de Marcelo Daniel Castro, principal imputado en la causa en la que se investiga una millonaria estafa contra las empresas Las Taperitas y Sucesores de Alfredo Williner, por un monto que supera los 170 millones de pesos, unos 200 mil dólares aproximadamente.
Al margen del esfuerzo del defensor oficial Carlos María Flores, que planteó objeciones a la calificación jurídica de los hechos imputados y a la jurisdicción que debería investigar el caso, la jueza ya tenía elementos de convicción suficientes como para tomar su determinación.
Por si faltaba algo, a la descripción de los hechos realizada por el fiscal se sumó el testimonio de Marcelo Daniel M.. homónimo del imputado en los nombres pero no en el apellido. M. es un contador que desde hace 3 años no está vinculado a las empresas víctimas. Sin embargo, en los registros del banco al parecer no se había dado de baja su acceso a las cuentas bancarias de las empresas, como el propio profesional lo había solicitado en su momento. De su identidad se apropió el estafador para acceder a las cuentas corrientes de las empresas y hacer millonarias transferencias a terceros.
El profesional está sufriendo una pesadilla, dado que desde enero tiene problemas para acceder a sus cuentas y realizar operaciones bancarias, y pende sobre él la posibilidad de sufrir alguna investigación penal por hechos que pudiera haber cometido el estafador en su nombre. En su condición de querellante lo representa el Dr. Carlos Farías Demaldé, reconocido penalista local. El contador M. hizo uso de su derecho a hablar en la audiencia y expuso sus temores ante Fortunato.
Los puntos todavía oscuros de la investigación
Mientras tanto, la investigación de la estafa tiene todavía muchos puntos por esclarecer. De allí que la prisión preventiva de Castro haya caído por madura: los hilos de la trama principal aún están por descubrirse.
El fiscal Guillermo Loyola reveló que toda la maniobra fue urdida en los primeros días de enero, durante un período que se extendió entre 15 y 20 días, cuando Castro comenzó a llamar al 0800 del Banco de Santa Fe invocando ser el contador M., para poder cambiar el correo electrónico registrado. Con ello, comenzó a gestionar un cambio de claves, detrás de su objetivo principal: hacerse de una nueva tarjeta de coordenadas a nombre de Marcelo Daniel M. que le permitiera ingresar a las cuentas corrientes de las empresas para hacer las transferencias.
Loyola sostiene que el personal del banco lo "guió" involuntariamente en el proceso, hasta que saltó una llave de seguridad: cuando al falso M. le preguntaron por el nombre de su padre, no lo supo decir. Era una de las preguntas que el verdadero contador M. había puesto para validar su identidad en el manejo de los datos confidenciales de su home banking.
Castro no se amilanó. Loyola indicó que ya había intentado seguir el mismo camino -obtener las tarjetas de coordenadas- utilizando los datos de A.W. y R.W., dos integrantes del grupo familiar propietario de las empresas. No consiguió su objetivo, pero en el caso del contador fue más lejos. Se presentó personalmente en la sucursal Buenos Aires del Banco de Santa Fe para hacer el trámite, munido de un DNI que tenía todos los datos filiatorios del contador Marcelo Daniel M., pero la fotografía del rostro de Marcelo Daniel Castro. Uno al lado del otro en la sala de audiencias, este sábado, no se podría encontrar dos rostros más diferentes entre sí. Ciertamente Castro no parece tener la ascendencia alemana que sugiere el apellido del contador, pero se admite que esa conclusión puede resultar prejuiciosa. De todas maneras, el DNI falso utilizado por Castro no fue encontrado. ¿Tan buena resultó la falsificación como para que en el banco nadie notara que era trucho?
¿Cómo sabía tanto?
Una de las preguntas de los investigadores es cómo Castro, que vive en Lanús Este, de donde son oriundos casi todos los imputados en esta causa -18 en total hasta ahora-, pudo tener acceso a información confidencial de dos poderosas empresas del Centro Oeste de Santa Fe, de las más reconocidas en sus respectivos rubros: una en la producción primaria de leche (Las Taperitas es una de las principales productoras de leche cruda del país) y la otra en la industria láctea. ¿Cómo sabía Castro que el contador M. , o A.W y R.W, cuyos datos también poseía, estaban habilitados para acceder a las cuentas corrientes de ambas empresas? ¿Cómo este hombre que tiene todo el aspecto de no conocer nada de tambos y lácteos estaba familiarizado con el giro financiero de ambas compañías, y con la información de quiénes tenían claves bancarias tan sensibles? ¿Cómo es posible que el alerta de seguridad no se activara cuando Castro no supo responder la palabra clave -el nombre del padre del contador M.- en el proceso de validación de identidad por vía electrónica?
Desde ese lugar, la investigación tiene mucho por descubrir todavía. El propio fiscal Loyola admitió ante una pregunta específica de RAFAELA NOTICIAS que ninguna línea está descartada, incluso con la posibilidad de que exista una conexión rafaelina. De todas maneras, esa hipótesis (la de un "garganta profunda" dentro del grupo empresario) parece perder fuerza por un dato esencial: el contador Marcelo M. hacìa tres años que no estaba en la empresa. Si el estafador hubiera contado con un colaborador dentro del grupo empresario, jamás le habrían sugerido utilizar esa identidad para entrar a las cuentas. ¿Quién tenía registrado al contador M. como habilitado para las cuentas corrientes de las empresas sin haberlo borrado de sus registros? El banco. Los investigadores creen que entre la filtración de datos sensibles y el escenario físico de las maniobras (la sucursal del banco en Buenos Aires) podría haber un hilo conductor que lleve a otros responsables más allá del propio Castro.
Las otras incógnitas
Lo interrogantes se extienden a las principales dos operaciones de transferencia que hizo Castro. Una fue desde las cuentas de Williner, y ya fue descripta en una nota anterior: compró 500 amoladoras y 500 taladros percutores 750, por los que pagó 16,5 millones de pesos. Allí cometió el error fatal: las conversaciones de whatsapp en donde cerró las condiciones de la operación comercial Castro las hizo en nombre de Williner, con un supuesto poder (también falsificado) de la empresa, pero desde su teléfono personal. Con ese dato los investigadores pudieron por fin ponerle nombre y apellido al usurpador de la identidad del contador M.
Es un misterio saber qué pasó con las 500 amoladoras y los 500 taladros que compró Castro. Como también es un misterio el otro gran punto negro de la investigación: una cuarta parte del dinero que fue extraído de las cuentas de Las Taperitas -40 millones sobre un total de 153 millones- fue transferido por Castro a la empresa El Asturiano SRL. Es una compañía dedicada al transporte y la logística, que tiene sede en Hurlingham, en el Oeste del Conurbano bonaerense. El mismo día de acreditados los 40 millones en su cuenta, la empresa derivó 38 millones a una firma dedicada al manejo de inversiones financieras. Según el fiscal Loyola, hasta ahora no se conoce ninguna operación comercial que sirva de respaldo a esa transferencia pergeñada por Castro. Uno de los imputados es camionero: ¿hay allí otra pista a seguir?
El fiscal anticipó, en la audiencia, que la justicia bonaerense está indagando para abrir una causa por posible lavado de activos.
El rol de los otros imputados
¿Qué pasó, en tanto, con los otros 17 imputados que tiene la causa? Son todas personas de entre 20 y 46 años que han recibido entre 2 y 4 millones de pesos cada uno, transferidos desde las cuentas de Las Taperitas principalmente. Sólo uno declaró muy brevemente y dijo no tener nada que ver con el episodio investigado. Según trascendió, varios imputados manifestaron que les pidieron sus CBU para recibir "pagos por unos trabajos que se hicieron" y que las personas que supuestamente habían realizado esos trabajos no podía recibir porque no estaban bancarizados. Algo común en la economía informal de los barrios populares, aunque ahora deberán dar explicaciones más detalladas ante la Justicia para aclarar su situación.
Mientras tanto, ¿dónde está el botín? La primera etapa de la investigación estuvo a cargo de la Dra. Fabiana Bertero, porque Loyola se encontraba de vacaciones. Apenas realizada la denuncia -los hechos ocurrieron el 23 de enero-, Bertero pidió y logró medidas cautelares de embargo de cuentas y otras acciones que permitieron resguardar unos 30 millones de pesos. Pero el resto de la plata está por ahí... y será difícil de recuperar.
