Los Tribunales de Rafaela fueron escenario de la primera intervención de la justicia ordinaria en una causa por infracción a la ley de estupefacientes, luego de la reforma aprobada por la Legislatura de Santa Fe, que desfederalizaba la persecución penal del denominado “microtráfico”.
En este caso, el Juez de I.P.P. Javier Bottero dispuso la prisión preventiva sin plazos para Jorge G. (34) y Franco C. (24). Se trata de dos rafaelinos que fueron detenidos el fin de semana, en un control que la Policía de Seguridad Vial había montado en cercanías a la intersección de la Ruta Pcial. 13 y 62, en jurisdicción de la localidad de Ataliva, a unos 30 kilómetros al norte de la ciudad de Rafaela.
La audiencia, denominada “de medidas cautelares”, se realizó sobre el mediodía de este miércoles, con la presencia de la Dra. Lorena Korakis en representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y de las Dras. Cassina y Cristóbal como representantes de la Defensa.
Según lo había publicado Rafaela Noticias y relató la Fiscal en la audiencia, los imputados, junto a una adolescente de 17 años de edad, fueron detenidos a bordo de un automóvil Citroën C3. Al llegar al retén policial, los agentes notaron un estado de nerviosismo en los ocupantes, por lo que procedieron a realizar una requisa del rodado.
Desde el interior, incautaron cerca de 150 gramos de cocaína (estaba fraccionada en tres “bochitas” más un trozo compacto, del “tamaño de una palma adulta” según se ventiló en la audiencia) y una pistola calibre 22 cargada. Para la representante del MPA, los dos ocupantes compartían la “libre disponibilidad del arma”, así como también, la “portación compartida” del material estupefaciente.
De la misma manera, Korakis está convencida de que ambos se habían puesto de acuerdo (la Fiscal habló de una planificación) para llevar el arma de fuego y la droga, aunque con un fin que todavía se encuentra en investigación.
Por tal motivo, solicitó la medida más gravosa que tiene el ordenamiento jurídico para esta etapa procesal, que es la prisión preventiva, para asegurar el éxito de la investigación y evitar la fuga ya que, en el caso de llegar a una instancia de juicio, podrían enfrentar penas de entre 1 y 6 años de cárcel.
“Procedimiento inválido”
Al hacer uso de la palabra, tanto Cassina como Cristobal, rechazaron el pedido de reclusión y ofrecieron medidas alternativas (incluso Cassina refirió que la madre de uno de los imputados estaba dispuesta a entregar una motocicleta a modo de fianza).
Pero también, solicitaron la libertad de sus defendidos al pedir la invalidación del procedimiento policial que terminó con la detención de ambos. Citando jurisprudencia de fallos anteriores, las letradas intentaron fundar su postura al cuestionar la legalidad de lo actuado por los uniformados, a quienes les endilgaron no proceder de acuerdo a la normativa vigente.
Pese a la maniobra defensiva, finalmente Bottero hizo lugar al planteo del MPA, resolviendo el encierro sin plazos para Jorge G. y Franco C., dejandpo el suspenso los fundamentos, que se darán a conocer en los próximos días.
