Evelio Horacio "Yiyo" Ramallo ganó notoriedad en las crónicas de los medios nacionales el 13 de diciembre de 2018. Ese día, mientras escuchaba las imputaciones del fiscal Guillermo Loyola, quien le achacaba una larga lista de hechos y detallaba la participación de integrantes de su familia en esos delitos, "Yiyo" se "sacó": tomó un cesto de residuos y con una violencia inusual lo lanzó contra la cabeza de Loyola, que se encontraba a menos de dos metros de distancia y no tuvo margen para atajarse. El fiscal recibió el impacto y sufrió algunas contusiones, mientras los policías presentes en la sala reducían a Ramallo.
Fue la última vez que Ramallo pasó presencialmente por los Tribunales de Rafaela. Desde entonces, en cada audiencia donde integrantes de su banda tienen que comparecer presencialmente, se montan enormes operativos de seguridad para prevenir hechos violentos. Pero Yiyo no puede ver esos operativos: invariablemente sigue las alternativas de las audiencias desde la cárcel en la que se encuentre: pasó por Coronda, Piñero, Resistencia, Marcos Paz, Rawson y ahora está en el penal de máxima seguridad de Ezeiza, adonde fue trasladado el mes pasado en un operativo del que se hizo eco incluso la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
Este viernes Yiyo debía volver a comparecer ante la jueza Cristina Fortunato, en una audiencia en la que se iba a tratar el pedido de extensión de la prisión preventiva en alguna de las múltiples causas por las que debe responder, como jefe de una banda a la que se le atribuyen media docena de crímenes cometidos por sicarios y una cantidad importantes de tentativas de homicidios del mismo tenor. Pero Ramallo innovó: designó a la abogada Verónica Casanova y pidió asistir presencialmente a la audiencia, lo que hubiera significado la necesidad de montar un complejo operativo de traslado y seguridad.
La respuesta de la Justicia
No obstante, la jueza Cristina Fortunato, actuando de acuerdo a lo dispuesto por las últimas modificaciones a la ley de ejecución penal respecto a los presos de "alto perfil" -categoría en la que está incluido Ramallo, considerado de extrema peligrosidad, en un mismo rango que los jefes de las bandas narcos de Rosario que permanecen detenidos en cárceles federales-, no hizo lugar al pedido del imputado.
Finalmente, después de algunas idas y vueltas relacionadas con la representación legal del impuado, la audiencia se concretó y fue muy breve: Ramallo -que además de estar investigado en gran cantidad de causas también cumple condenas firmes por la que tiene asegurada su permanencia en prisión por lo menos hasta mediados de la próxima década- planteó sus objeciones sosteniendo que se violaban sus derechos al no dejarlo participar de la audiencia presencialmente, pero el argumento quedó en la anécdota. En presencia de su defensora y de la fiscal Fabiana Bertero se resolvió extender por un año el régimen de prisión preventiva por las causas específicas que se lo investiga, relacionadas con homicidios cometidos en Rafaela.
