Por Julio Armando
Hasta el 10 de enero tienen tiempo el intendente Leonardo Viotti y sus funcionarios (secretarios, subsecretarios y personal de gabinete) para presentar las Declaraciones Juradas de los bienes con los que cuentan. Así lo establece la Ordenanza N°4905, votada en 2017 por el Concejo Municipal y reglamentada en 2018 por el ejecutivo. Esta medida también alcanza a los concejales y funcionarios del Concejo, tanto a los que ingresaron el 10 de diciembre pasado, como los que ya vienen con dos años de mandato. Es que la norma establece la obligatoriedad de presentar y publicar las Declaraciones Juradas 30 días corridos desde la asunción, como así también renovarlas cada año en el mes de diciembre y al finalizar la gestión. En caso de que las Declaraciones Juradas no se presenten y publiquen en la página web del Municipio o del Concejo, según corresponda, la sanción es que el intendente, los concejales o los funcionarios dejen de percibir el sueldo.
Situación actual de la información requerida
En el caso de la gestión que dejó el poder el 10 de diciembre, no todos los funcionarios del ejecutivo presentaron las Declaraciones Juradas de los bienes. Sí lo hizo el ex intendente Luis Castellanos y 19 funcionarios más, pero faltan algunos secretarios y subsecretarios que formaron parte de su gabinete. Por otro lado, en la Carpeta Ciudadana, que es el lugar donde debe estar la documentación, solamente aparecen las Declaraciones Juradas del 2021 en adelante, estando vacías las carpetas de los años anteriores, por lo que se hace imposible el "control ciudadano" que, según la ordenanza, debería realizarse a partir de la información publicada.
En el caso del Concejo Municipal solamente se encuentran publicadas las Declaraciones Juradas del 2022, es decir, no hay registro público de las anteriores. Por otro lado, los concejales que continuaron en su cargo ya están "pasados" en el plazo de presentación de la documentación, ya que debían hacerlo durante diciembre, mientras que los legisladores que ingresaron el 10 de ese mes tienen hasta el 10 de enero para ponerse al día. También faltan las Declaraciones Juradas de los concejales que dejaron sus funciones.
La información que aparece publicada
El formato de presentación de las Declaraciones Juradas responde a un formulario establecido por el correspondiente Decreto Reglamentario, consignándose los siguientes datos de cada funcionario: año de presentación, datos personales, grupo familiar, datos laborales (cargo que ocupa, año que ingresó a la función pública, otras actividades que generen ingresos, si ha sido contratista o proveedor del Estado), bienes e inmuebles, vehículos y otros bienes muebles registrables, cuentas en entidades financieras en el país o en el exterior (se debe aclarar si los montos son en pesos o en dólares) y pasivos (deudas).
Sin embargo, un dato que llama la atención y que puede generar alguna suspicacia es que el valor que figura de los bienes inmuebles es a partir del avalúo fiscal, es decir, la tasación no comercial que el fisco realiza sobre un predio o bien raíz, con el fin de valorizarlos y aplicarles una contribución o impuesto territorial. Generalmente el avalúo fiscal es muy inferior al avalúo comercial, así entonces, los funcionarios declaran poseer viviendas o locales comerciales valuados en 50 mil pesos, por ejemplo. Claramente estas declaraciones de valores se encuentran muy lejos de ser lo que realmente se maneja en el mercado. En su momento, la explicación que se dio para no poner el valor real de las propiedades, fue que para eso se deben pedir múltiples tasaciones, lo que implica mayores dificultades. Asegurando también que los valores del mercado inmobiliario son variables, por lo que rápidamente quedarían desactualizados en las Declaraciones Juradas, ya que los precios de las viviendas se encuentran dolarizados.
Los números del que se va y del que entra
Si bien, como se detalló al principio de la nota, los registros de las Declaraciones Juradas previos en muchos casos ya no se pueden ver, este medio cuenta con el archivo del 2018 donde se presentaron los primeros datos. Por ejemplo, en el caso del ex intendente Luis Castellano en ese momento declaró una vivienda familiar cuya titularidad le correspondía el 50 por ciento, adquirida en 1996 con una valuación fiscal de 51.810 pesos. Además, contaba con otro inmueble destinado a uso laboral con un usufructo del 50 por ciento, que poseía una valuación fiscal de 24.086 pesos. Por otro lado, Castellano declaró dos vehículos registrados: un Citröen C3 2014 valuado en 210.600 pesos, y una camioneta Chevrolet Montana 2012 valuada en 172.000 pesos. Además, el Intendente declaró en ese momento 193.123 pesos en una Caja de Ahorro. En tanto 5 años después, a la hora de dejar el poder, Castellano dijo tener las dos mismas propiedades valuadas ahora en 48 mil y 19 mil pesos (es decir, menor avalúo fiscal que hace 5 años atrás) y un solo vehículo diferente a los declarados anteriormente: un Citroen Cactus 2022 comprado en octubre de ese año, con una valuación de 4.800.000 pesos. Además, el ex intendente declaró poseer en su cuenta sueldo 1.900.000 (monto similar a su salario), y dijo no tener otro tipo de cuentas bancarias.
En el caso del actual intendente Leonardo Viotti, le resta presentar la Declaración Jurada como concejal saliente y como intendente entrante. Pero según los datos de archivo de este medio, el radical declaró en el 2018 tener una vivienda de su propiedad (100 por ciento) y dos propiedades en las que viven actualmente sus padres, pero que se hallan a nombre de él y sus hermanos (33 por ciento). Además, dijo en ese momento tener un Volkswagen Gol 2009. En ninguno de los casos aparecía una valuación fiscal ni comercial. En la última declaración como concejal en el 2022, Viotti declaró poseer las mismas propiedades con avalúos fiscales de 1.200 pesos, 20.200 pesos y 6.300 pesos, y un auto diferente al del 2018: un Volkswagen Fox 1.6 Sedán de 5 puertas modelo 2012, adquirido en el 2022, valuado en 663.300 pesos. A finales del 2022 expresó tener 500 mil pesos en su caja de ahorro y 2.500.000 de pesos en efectivo. El ahora intendente de Rafaela terminó con un sueldo como legislador de 1.200.000 pesos.
