Tras varias semanas de crisis en el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) por el reclamo de pacientes oncológicos por el corte de servicios de las clínicas y sanatorios privados, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro traspasó la gestión administrativa de la obra social al ministerio de Economía.

El mandatario provincial firmó el decreto mediante el que la administración del organismo pasa bajo la órbita dela cartera a cargo de Pablo Olivares. La medida tiene como objetivo principal revertir el déficit que la obra social tiene y va acrecentando desde hace un tiempo y afecta a las prestaciones médicas.

En ese mismo decreto, Pullaro decidió trasladar también el área que se encarga de las compras centralizadas de todo el ministerio de Salud a Economía. A cargo de esa secretaría, quedó el ex ministro de Salud del socialismo y también ex director del Iapos, Miguel González.

Entre los argumentos del traspaso, Pullaro destacó la crisis económica y financiera que atraviesa el organismo, tanto por desmanejos de la gestión anterior como por el contexto macroeconómico actual. Ante esto, es que confía en que la intervención de Economía en el área administrativa permitirá eficientizar la gestión.

Desde el Ejecutivo destacaron que las prestaciones del Iapos deberán seguir sometidas a las directrices que defina el ministerio de Salud, “puesto que exigen una mirada sanitarista que es propia de dicha cartera del gobierno provincial como así también el control permanente atento la especificidad de la materia en cuestión".

Y explica que el área "continuará contando con el asesoramiento de las áreas de salud que actuarán en colaboración directa con Economía en todo lo que se refiere a la temática propia de la salud pública”, concluye el decreto que formaliza el traspaso del Iapos a Economía.

Reclaman la intervención de la Defensoría del Pueblo

A una semana de que la Asociación de Cínicas y Sanatorios de Rosario resolvieran restringir la atención de los afiliados al Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos), los gremios de trabajadores estatales pedirán la intervención de la Defensoría del Pueblo para poner fin al conflicto entre los prestadores y la obra social de los empleados provinciales y municipales por la negociación de aranceles.

Este lunes por la mañana, a las 11.30, referentes de los sindicatos de docentes (Amsafé) y de empleados de la administración pública (ATE) y profesionales de la salud (Siprus), se presentarán en la sede local de la Defensoría del Pueblo, en pasaje Álvarez 1516, para denunciar el corte de atención médica dispuesto para los afiliados del Iapos.

La obra social es la más grande de la provincia, tiene 600 mil afiliados en todo el territorio santafesino, y desde el lunes pasado las clínicas y sanatorios privados de Rosario acotaron la atención a casos de urgencias, ingresos por guardia y cirugías programadas.

La medida se da en medio de la discusión por el costo de los aranceles. Desde la asociación reclaman un incremento acorde a los aumentos que se registraron en los insumos, los medicamentos y la recomposición de salarios profesionales. Desde el gobierno provincial, en tanto, aseguran que no se puede restringir el acceso a la salud de los afiliados a la obra social y que lo que se pretende es compensar con este reclamo al Iapos la decisión del gobierno nacional de retrotraer los aumentos de la medicina prepaga.