La Municipalidad de Rafaela retomará las subastas públicas de vehículos secuestrados en operativos de tránsito, según pudo conocer de manera exclusiva Rafaela Noticias, al tiempo que modificó la ordenanza que destinaba el 90% del dinero recaudado por la compactación de vehículos a una ONG y el 10% quedaba en manos del estado local.
La novedad fue confirmada por el Secretario de Gobierno y Modernización, Germán Bottero, ante la consulta de esta redacción. Las subastas, que se interrumpieron hace cuatro años, será una forma de liberar espacio en los galpones municipales, al tiempo que permitirá la generación de recursos.
Si bien no brindó precisiones sobre una fecha en la que se realizarán, el funcionario sostuvo que serán sujeto de subasta todos aquellos rodados que necesiten intervenciones mínimas sobre su estructura (por ejemplo, cambiarle un escape libre por uno reglamentario) y que no hayan sido retirado por sus propietarios.
En la misma línea, Bottero también señaló que la administración local continuará con los operativos de compactación de aquellos vehículos que no puedan ser subastados, por no reunir con las condiciones mínimas estructurales para volver a la calle. Cabe recordar que, a principios de febrero pasado, se compactaron más de 700 vehículos (entre autos y motos) en Rafaela.
“Estamos trabajando con esas dos líneas. Lo más viejo y lo que no puede volver a la calle, compactación; y lo que sí puede volver a la calle y que no es retirado por sus propietarios, que haya un remate, para que pueda ser adquirido por otras personas y volver a circular” explicó Bottero.
¿Qué va a pasar con el dinero generado?
En cuanto al dinero que se genera por las dos iniciativas, el Intendente Leonardo Viotti firmó un decreto que especifica el destino del mismo.
Para el caso de la compactación, Viotti derogó la ordenanza anterior y promulgó otra, en la que se establece que el 90% del dinero recaudado será destinado a la Asociación Civil “Vistiéndonos de Sol”; y el 10% restante se lo quedará el Ministerio de Seguridad de la Nación (en la normativa anterior, ese porcentaje quedaba en manos del municipio).
Ante la consulta sobre porqué ese cambio, explicaron que se trata de un requerimiento de la dependencia nacional a cargo del Programa Nacional de descontaminación y compactación de vehículos (PRO.DE.CO), para evitar posibles litigios contra el estado local por un vehículo compactado.
No pasa lo mismo con los fondos generados por la subasta pública de vehículos. En ese caso, todo lo recaudado queda en las arcas del municipio, en tiempos donde los recursos escasean y las prestaciones de servicios públicos son cada vez más necesarias.
